Caspe vive días de creciente indignación tras conocerse nuevos detalles sobre la situación de Carmen, una pensionista de 88 años cuya vivienda familiar ha sido objeto de inquiokupación y subarriendo ilegal.

Hace unos días, El Español de Aragón destapó que las habitaciones de la planta superior, no incluidas en el contrato de alquiler, de la vivienda las estaban alquilando. A través de una publicación en redes sociales, conocemos con certeza a cuánto: “Sí, yo lo sé seguro que han alquilado una habitación a 150 euros”, asegura Teresa Parra, ex amiga de los okupas de Carmen.

Cada vez se conocen más datos de cómo han actuado los inquiokupas de esta vivienda. Por ello, el pueblo entero está unido ante una situación de desamparo y una creciente demanda de soluciones efectivas.

La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, es muy tajante con la legislación actual: “No se puede continuar viviendo en España con esta legislación a favor de los inquiokupas, a favor de los okupas y a favor de que los españoles honrados y trabajadores pierdan sus propiedades". En esta misma línea, Jarque ha solicitado al Gobierno de España que "actúe y que diga basta ya, que sea valiente y que se respete en las propiedades de los ciudadanos honrados y trabajadores".

Carlos Higuero, Policía Local del municipio también ha señalado un "fallo bastante claro" en la ley: "El desahucio tendría que ser inmediato. Y no que se judicialicen las causas y tarden años en poder echar a una persona". Víctor Ráfales, vecino del municipio coincide, enfatizando que "la propiedad privada es inquebrantable, debería ser inquebrantable".

La alcaldesa ha valorado como "muy positiva y muy orgullosa" la respuesta y el apoyo de la comunidad caspolina, destacando la unidad de los vecinos.

La situación de Carmen en Caspe se ha convertido en un símbolo de la frustración ciudadana ante un problema que, según sus habitantes, exige una reforma legal urgente y una mayor protección a los propietarios.