El Español de Aragón ha podido conocer en exclusiva una nueva trama de abuso en el caso de Carmen, la pensionista de 88 años de Caspe. Más allá del impago y las amenazas, los inquilokupas estaban alquilando habitaciones en la planta superior de la vivienda, no incluida en el contrato.

"Uno de los vecinos vio luces en las ventanas de arriba y enseguida contactó con nosotros, para avisarnos de que ahí había gente" relata Hugo, nieto de Carmen, para El Español de Aragón.

Tras la alerta, varios vecinos del pueblo vieron que en un grupo de Facebook estaban arrendando las habitaciones: "Se alquila habitación en Caspe, interesado llamar al teléfono", se puede leer en el mensaje. La autora de este, es una de las personas que actualmente reside en la planta de abajo, pero no figura en el contrato de arrendamiento.

Ante la sospecha, Hugo decidió acudir a la casa familiar en la tarde de ayer. Al llegar, fue increpado por una de las okupas, quien le espetó: "Te jodes, las leyes son las leyes". 

A pesar de la hostilidad, consiguió acceder a la vivienda de la segunda planta junto a un grupo de amigos. Enseguida corroboraron que el lugar estaba habitado. "Encontramos restos de comida recientes, excrementos en el suelo de una de las habitaciones, restos de sustancias tóxicas…" describe.

Ante esta situación, y para frenar el uso ilegal de la misma que los okupas estaban haciendo de ella, decidieron tapiar la puerta de entrada y la terraza: "al menos no seguirán lucrándose a nuestra costa", ha declarado Hugo.

La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, ha mostrado su indignación ante la situación y ha sido tajante respecto a la legislación vigente: "Es injusta, ineficaz y hasta te puedo decir que está obsoleta y necesita ser actualizada".

Jarque ha asegurado que, desde el consistorio y a título personal, está apoyando a Carmen y su familia: "Lamentablemente, la administración local está atada de pies y manos. Pero yo, como alcaldesa, como ciudadana y como mujer, muestro mi solidaridad y mi apoyo al cien por cien a la familia, porque no se puede permitir esta vejación y esta humillación que se hace ante los derechos de los españoles".

El apoyo vecinal también ha sido clave. "Existe un gran vacío legal donde nadie puede actuar", comenta Víctor Ráfales, vecino de Caspe, quien destaca la fuerza de la comunidad: "Cuando el gobierno y la ley no actúan, la gente une fuerzas y se intenta buscar medidas para acabar con esto".

Por su parte, Carlos Higuero, policía local de Caspe, expresa su indignación: "Me parece vergonzoso que una persona mayor se quede sin el alquiler que utilizaba para pagar los gastos de la vivienda porque unas personas han decidido no pagar y abusar de esa situación. Decir ‘no te pago, aquí no vengas a tocar los cojones’ me parece vergonzoso".

Higuero respalda la postura de Ráfales: "Mínimo hay que venir a la propiedad (no alquilada) y que sean conocedores de que no son bienvenidos".

El caso ha conseguido movilizar al pueblo de Caspe y reabre el debate sobre la protección de los propietarios y la necesidad urgente de reformar la legislación para frenar la inquilokupación y el subarriendo ilegal. Por ahora, la solidaridad del pueblo y el respaldo institucional son el principal apoyo para Carmen en su lucha por recuperar su hogar.