Durante las últimas semanas he leído con perplejidad y estupefacción diversos artículos publicados en prensa y otros medios acerca de la violencia obstétrica. Esta reflexión forma parte de mi experiencia profesional de más de 20 años como Médica Especialista de Obstetricia y Ginecología y, aunque es personal, es compartida por la inmensa mayoría de mis compañeras y compañeros.

He leído detenidamente el informe de 26 páginas de la OMS que alerta sobre “el fenómeno sistemático y generalizado de esta forma de violencia” en los centros de salud y otros servicios de salud reproductiva a nivel mundial, particularmente en la atención al parto.

La única referencia explícita a nuestro país, en el punto 25, en relación con la episiotomía, informa que en España se realizan hasta en el 89% de los partos, la más alta registrada a nivel mundial. Esta afirmación se sustenta en una ponencia presentada por Mardsen Wagner en el I Congreso Internacional de Parto en Casa celebrado en el año 2000.

Me parece inaudito que un organismo tan serio como la OMS base su informe en datos no contrastados de un congreso celebrado 19 años antes, y que sea la base del argumento para que determinados grupos reivindiquen que se reconozca la “violencia obstétrica” en nuestro país. También he leído el texto de esta ponencia, disponible en la página web de la Asociación El Parto es Nuestro y he podido verificar que los datos que presenta no se corresponden en absoluto a la realidad actual.

Según los indicadores que registran caso a caso la actividad en mi hospital cada año se realizan unos 5.000 partos. El uso de la episiotomía en 2009 era menor de 50% y este porcentaje se ha ido reduciendo hasta 21,7% en el último año. El porcentaje global de cesáreas practicadas es menor de 30% y en grupos de bajo riesgo baja hasta el 20%.

Según los resultados de las encuestas que han cumplimentado las mujeres embarazadas en los 5 últimos años, su satisfacción sobre la atención recibida antes, durante y después del parto es superior al 95% (en algunas categorías superior al 98%). Estas encuestas valoran, entre otras cuestiones, la información, el trato, la seguridad y la calidad de la atención.

Los datos que arroja el Ministerio de Sanidad en su último Informe sobre la Atención Perinatal en España entre 2010 y 2018, publicado en julio de 2020, van en el mismo sentido, con una tasa de episiotomías de 27,5% en 2018 y una tendencia claramente descendente en el periodo analizado. Por cierto, flaco favor se está haciendo a las políticas de promoción de la maternidad cuando nuestra tasa de natalidad es de las más bajas del mundo.

Obviamente, tenemos margen de mejora y lamento que algunas mujeres no hayan tenido una experiencia satisfactoria en su parto, pero, desde luego, ni el informe de la OMS ni los comentarios que estamos leyendo en la prensa reflejan la realidad, ni son compartidos por la mayoría de profesionales y centros, ni probablemente por la mayor parte de las mujeres embarazadas que son atendidas en nuestro país. Además, cualquier consideración particular de disconformidad puede resolverse por cauces ya establecidos.

Independientemente de lo desafortunado del término, que criminaliza a miles de profesionales que atendemos a las mujeres durante toda su vida reproductiva con educación, respeto, empatía, trato humano y profesionalidad, estas reflexiones están sustentadas en datos objetivos, reales y actuales en nuestro entorno.

Los protocolos que manejamos se desarrollan según las recomendaciones que aportan la mayor evidencia científica, y están publicados en medios de calidad reconocida, que utilizan metodologías de revisión estrictas, después de analizar los resultados de estudios poblacionales y de investigación bien diseñados, con muestras de pacientes suficientemente amplias para avalar sus conclusiones.

No podemos retroceder en los resultados alcanzados en salud materno-infantil, y cuando digo salud, me refiero a toda su dimensión. Tampoco podemos comparar nuestra población ni nuestro sistema de salud con países que nada tienen que ver con el nuestro.

Por otra parte, es un error incluir la violencia obstétrica como una forma de violencia de género. En España, la violencia de género está tipificada como delito en el Código Penal y comprende todo acto de violencia física o psicológica cometido por un hombre hacia una mujer, siempre que exista o haya existido una relación afectiva o sentimental entre el hombre y la mujer (Artículo 173.2). Difícilmente la relación entre una gestante y el equipo de profesionales que la atiende pueda ser considerada una forma de violencia de género, teniendo en cuenta, además, que nuestra profesión está ampliamente feminizada.

Señoras y señores legisladores, les ruego que revisen el borrador de reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y eliminen la violencia obstétrica de su texto, si están considerando su inclusión, ya que únicamente va a contribuir a deteriorar la relación de respeto y confianza mutua entre las mujeres, sus personas allegadas, la sociedad, y el conjunto de profesionales que las atendemos en un momento tan especial en sus vidas como el que constituye su embarazo y parto.

Violencia obstétrica es la que estamos sufriendo las y los obstetras, aguantando todo lo que estamos teniendo que aguantar por parte de colectivos que no nos representan, con afirmaciones tan graves e injustas que no se pueden tolerar.

Ana Monzó Miralles es ginecóloga y miembro de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia), SEC (Sociedad Española de Contracepción) y SEF (Sociedad Española de Fertilidad)