Este viernes, 17 de septiembre, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, tiene previsto iniciar el juicio por el que un hombre ha sido acusado de intentar matar a su mujer, de la que se estaba separando.
La agresión sucedió el 30 de abril de 2019 en Orihuela cuando el procesado, que por entonces ya tenía una orden de alejamiento respecto de la víctima, la sorprendió cuando ella salía del trabajo, se subió a su vehículo y le pidió que quitara la denuncia que pesaba contra él por violencia de género.
Como la mujer se negó, el acusado sacó un punzón metálico y se lo clavó en repetidas ocasiones en el pecho y en otras partes del cuerpo a la víctima. La mujer consiguió huir, pero el hombre la persiguió y, cuando la alcanzó, la agarró del pelo y le golpeó varias veces la cabeza contra una pared, especifica el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La Fiscalía pide una pena de prisión de ocho años por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro delito consumado de quebrantamiento de medida cautelar. El teléfono contra la violencia machista es el 016.
95.000 archivos pedófilos
Asimismo, la Audiencia de Alicante juzgará este miércoles, 15 de septiembre, a un hombre acusado de poseer, producir y distribuir imágenes y vídeos de contenido pedófilo que almacenaba hasta 95.000 archivos de esa naturaleza en su domicilio de Alicante, algunos presuntamente realizados por él mismo con cámara oculta.
La Fiscalía solicita inicialmente para él una pena de siete años de prisión, además de otros siete años adicionales de libertad vigilada que se cumplirían tras su puesta en libertad.
De acuerdo con el escrito de calificación de la acusación pública, agentes de la Policía Nacional lograron autorización judicial para efectuar el registro de la vivienda del procesado el pasado 22 de agosto de 2018.
En esa intervención, los policías se incautaron de diverso material informático en el que se almacenaban 202 gigabites de información, en los que se contenía los 95.000 archivos de pornografía infantil.
En esas imágenes y vídeos, se mostraba a niños de entre 2 y 8 años posando en actitud sexual o manteniendo relaciones sexuales con adultos. En ese material, también se encontraron 132 archivos de vídeo con grabaciones presuntamente realizadas por el acusado mediante la técnica de cámara oculta.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, los informes periciales demostrarían que esas fotografías y filmaciones se compartieron con terceros a través de un programa de intercambio de archivos.
Por todo ello, además de la pena de privación de libertad, la Fiscalía reclama también que se inhabilite al acusado para el desempeño de cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de diez años.