El fenómeno de la inquiokupación, cada vez más extendido en España, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los propietarios. La falta de garantías jurídicas y la lentitud de los procesos judiciales hacen que muchos dueños opten por no alquilar sus viviendas por miedo a acabar atrapados en situaciones de impago o usurpación.

Al igual que el caso de María Verdejo y Juan Pérez, padres de Marta Pérez, quienes relataron el pasado lunes en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ la dramática situación que viven desde hace más de un año.

La familia, residente en Ibi (Alicante), asegura encontrarse en una situación tremendamente injusta, después de que los inquilinos de su vivienda familiar en Lérida dejaran de pagar el alquiler, justo cuando afrontaban los elevados gastos médicos del tratamiento de su hija.

Una deuda de 10.000 €

Marta, la hija del matrimonio, se debate entre la vida y la muerte tras sufrir una reacción alérgica severa al ingerir un batido de proteínas que contenía pistacho, al que es altamente alérgica.

La familia denuncia una posible negligencia médica y, tras meses de lucha, logró el traslado de la joven a otro centro donde ha mostrado una leve mejoría y "una mínima conciencia".

Para poder costear su rehabilitación, María y Juan decidieron alquilar su casa de toda la vida en Lérida a unos vecinos de confianza. Sin embargo, lo que parecía una solución temporal se convirtió en un nuevo calvario.

A los pocos meses de firmar el contrato, los inquilinos dejaron de pagar. Hoy, la familia acumula quince mensualidades impagadas, lo que supone una deuda cercana a los 10.000 euros.

“La comunicación con ellos es nula”, explica Juan Pérez, quien asegura que hace más de un año "ellos determinaron que no iban a pagar".

Pese a tener un solo sueldo y una hija en situación crítica, la pareja ha tenido que seguir asumiendo los gastos del inmueble.

"Sin pagarme mientras os estoy pagando cosas que deberíais estar pagando vosotros para que viváis ahí de gratis, quitándomelo de tratamientos para mi hija o de otras necesidades que podamos tener", denunciaba la madre, visiblemente afectada durante su intervención.

Propietarios vulnerables

La pareja asegura que los inquilinos no alegan vulnerabilidad económica. Por el contrario, su justificación fue que, al saber que los propietarios atravesaban dificultades financieras, decidieron dejar de pagar.

Juan Pérez relata que todo comenzó cuando los ocupantes abrieron correspondencia dirigida a ellos, en la que encontraron información sobre su situación con el banco.

"La primera vez que les reclamé el alquiler, sus palabras fueron que no nos iban a pagar porque nosotros teníamos deuda con el banco", explican.

Además de abrir el correo, los inquilinos habrían difundido esa información en redes sociales para justificar su impago.

"¿Dónde está la protección?"

Con su hija luchando por sobrevivir, María y Juan sienten que el sistema no protege a quienes cumplen la ley. "Pido que las leyes se pongan un poco al día y realmente defiendan a las personas que estamos indefensas ante todo esto", reclama María.

Ambos aseguran sentirse "totalmente desamparados" y exigen que la ley actúe. Desde agosto de 2024 no han recibido "ni un céntimo", según denuncian.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos contactado con la familia Pérez-Verdejo, que nos ha confirmado la veracidad de su situación. Sin embargo, han comunicado que por el momento no desean ofrecer más declaraciones hasta que su caso avance judicialmente.

Juan Pérez señala que actualmente se encuentran "centrados en la solución del problema por la vía legal", siguiendo las indicaciones de sus abogados. La familia ha manifestado que, cuando el proceso esté más avanzado, estarán dispuestos a ofrecer más información sobre su situación.