Un propietario de Alicante solo quiere recuperar su casa, pero se ha topado con una negativa rotunda. Sus inquilinos, una familia que ha residido de alquiler durante años en su vivienda del barrio del Bulevar del Pla, le han dejado claro que no se marcharán.
O al menos, no quieren hacerlo con las manos vacías: piden 3.000 € para abandonar la casa. También han dejado claro que no tienen problema en esperar hasta que un juez dicte su desalojo, un proceso que en España puede alargarse más de un año.
En un contexto marcado por la escasez de oferta y la subida constante de precios, casos como este comienzan a ser cada vez más frecuentes. Ya no se trata solo de okupaciones, sino de inquilinos que se niegan a abandonar inmuebles cuando finaliza el contrato o cambian las condiciones.
Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos hablado con el propietario de la vivienda, que ha preferido no dar su nombre, pero sí quiere que su situación se conozca.
La familia que ocupa la vivienda lleva allí unos ocho años. Empezaron pagando 400 euros de renta, que subió progresivamente hasta los 530 actuales, una cifra bastante baja si se compara con los 850 o 900 € que se está cobrando por pisos similares en la zona.
Se trata de un primer piso de tres habitaciones, con garaje, trastero, piscina y una buena ubicación dentro del Bulevar del Pla.
En un principio, la relación fue cordial y sin impagos, incluso durante la pandemia. Pero todo cambió cuando el propietario intentó actualizar el alquiler al mercado y negociar una subida gradual.
El inquilino, cuenta, reaccionó con desdén y directamente se negó a pagar más: "La actitud fue muy chulesca"
"De aquí no me voy"
La intención del propietario nunca fue aplicar una subida desproporcionada. Propuso pasar el alquiler a 650 euros y actualizarlo gradualmente con el IPC, pero la respuesta fue un "no" rotundo.
El conflicto se agravó cuando, en septiembre del año pasado, intentó comunicarles el fin del contrato mediante burofax. Los inquilinos no lo recogieron.
Meses después, volvió a intentarlo: envió un segundo burofax y también un mensaje de WhatsApp recordándoles que debían marcharse en septiembre de 2025.
La contestación fue clara: "Yo no he recibido nada, no he firmado nada y de aquí no me voy".
A comienzos de este año, aceptaron la subida del alquiler reflejada en el burofax, lo que, según el propietario, demuestra que sí lo leyeron. Aun así, insistieron en que el desalojo no era legal.
Una propuesta inaceptable
Finalmente, la familia lanzó su propia condición: solo se irían a cambio de dinero. Algo que el arrendador rechazó inmediatamente. "3.000 pavos y me voy a final de contrato", pedían.
Intentó alcanzar un acuerdo amistoso, ofreciéndoles no cobrar agosto ni los primeros días de septiembre y devolverles la fianza si entregaban el piso en buen estado.
Pero la respuesta fue negativa: o reciben el dinero o se quedan hasta que lo ordene un juez.
Demanda por desahucio y coacción
El arrendador ya ha puesto el caso en manos de un abogado. Ha iniciado un procedimiento judicial por desahucio y coacción, consciente de que puede pasar más de un año hasta que se resuelva. Mientras tanto, no puede disponer de su vivienda.
Lamenta la actitud de los inquilinos, que describe como "chulesca" y "de mala leche". Añade que, pese a su comportamiento, se trata de una familia con recursos.
El padre tiene una carnicería, la madre trabajaba en supermercados y poseen otra vivienda en San Mateo, que actualmente tienen alquilada.
El propietario explica que los orígenes del problema pueden estar relacionados con que el año pasado sus inquilinos le propusieron comprar la vivienda, a lo que él se negó. "Le jode que después de tantos años pagando un alquiler podrían haber pagado la mitad del piso", afirma.
"No es el dinero, es mi casa"
Aunque la tensión es evidente, este vecino de Alicante conserva una cierta esperanza: "Yo creo que al final se van a ir cuando finalice el contrato", afirma.
Sin embargo, su objetivo ahora no es obtener una renta más alta, sino algo mucho más simple y legítimo: "Es mi casa, la necesito y no hay más. Necesito que se marchen".
El caso de este propietario pone sobre la mesa una realidad incómoda: en el actual contexto del mercado del alquiler, ni siquiera los propietarios que cumplen con la ley están a salvo del chantaje o el abuso.