El pasado miércoles, la conselleria de Calidad Democrática inició los trabajos de exhumación de unos 70 cuerpos represaliados por la dictadura y enterrados en la fosa 21 del cementerio de Paterna. Se trata de un nuevo impulso del Botànic, decidido a saldar una deuda con las víctimas del franquismo, que llega tras las labores de recuperación en otros camposantos como Alicante o Elche hace dos semanas.

Las victimas de los bebés robados, otra barbarie que se inició con Franco en el poder (y continuó en el periodo democrático posterior) quiere lo mismo, que Memoria Democrática se vuelque con esta causa como lo está haciendo con la otra. Pero el tiempo pasa y las reuniones se suceden sin que se hayan dado pasos en la dirección que reclaman. 

"Todo son promesas y lo que necesitamos es pasar a la acción ya", reclama Paco Alarcón, secretario de la Asociación de Víctimas de Alicante Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA). Según esta y otras asociaciones repartidas por todo el país, entre 1940 y 1990 estima que se sustrajeron 300.000 bebés a las familias legítimas; la Comunidad Valenciana es una de las regiones españolas donde la Fiscalía ha abierto más diligencias, 255 de 2.138 en todo el país, aunque la inmensa mayoría acaban siendo archivadas sin un cuerpo legal en el que se sustenten y tras prescribir el delito, denuncia Amnistía Internacional.

"Somos víctimas del franquismo"  

A juicio de Alarcón, entiende que la consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, esté "sacando adelante las exhumaciones" de fusilados "por ser una lucha histórica de Izquierda Unida", de la que es coordinadora general en la Comunidad Valenciana. "Pero nosotros también somos víctima del franquismo y de una trama que se institucionalizó y ha durado hasta tiempos muy recientes", recuerda. "La conselleria tiene que aceptarnos también y hemos tenido varias reuniones y la predisposición es buena pero no avanzamos", se lamenta. 

Asimismo, Paco Alarcón sostiene que los familiares de bebés robados son víctimas, "a diferencia de los represaliados", de personas "que aún están vivas y necesitamos que encuentren a sus familiares cuanto antes", porque, insiste, "hay mucha diferencia en el tratamiento de un caso y de otro".

Tras recordar que los familiares de esta trama organizada llevan "décadas de desengaño", están ahora con "un gobierno supuestamente de un color favorable a nuestra causa" y, sin embargo, "no se avanza".

Sobre la mesa, AVA y el Consell tienen que formalizar la propuesta del segundo para sumar a familiares de bebés robados al banco de ADN creado a través de la fundación pública Fisabio, donde ya se han recogido las de descendientes de represaliados. Una puerta a la esperanza que se inspira en el éxito que ha supuesto para Argentina haber encontrado a más de un centenar de nietos de desaparecidos y secuestrados durante la dictadura militar gracias al Banco Nacional de Datos Genéticos.

Por casualidad

Esta diferencia del Consell a la hora de afrontar dos asignaturas pendientes prolongadas en el tiempo, como son las víctimas del franquismo y de los bebés robados, salió a relucir cuando, durante los trabajos de exhumación de 11 represaliados republicanos en el cementerio de Alicante del pasado mes de marzo por iniciativa de Calidad Democrática, los técnicos se toparon con los indicios de otro delito: Un féretro infantil en cuyo interior había losas para simular el peso de un neonato fallecido, es decir, el modus operandi habitual de los urdidores de este delito.

La conselleria derivó este hallazgo al Juzgado número 1 de Alicante, donde AVA cree que, sin embargo, el caso se acabará archivando. ¿Por qué? Porque también es el modus operandi habitual al que están acostumbrados por parte de la Justicia. O, si no, que se lo digan a las alicantinas Laura Perales y María José Picó, esta última presidenta de la asociación, que tras lograr dos respectivas exhumaciones en 2012 y 2013, el juez cerró las investigaciones y con ello la esperanza de Perales de dar con su hijo, en cuyo féretro había un brazo de adulto y Picó con su hermana gemela; su ataúd estaba vacío. 

Después llegaría, en 2018, el primer juicio por bebés robados en España. Pese a que la Audiencia de Madrid dictó que el ginecólogo Eduardo Vela era el culpable de la entrega de Inés Madrigal, en 1969, a unos padres adoptivos, el delito había prescrito y por lo tanto, quedó en libertad (moriría un año después a los 86 años). Unos años antes también moriría sor María, imputada en varios casos por facilitar esos robos que, en teoría le ordenaba Vela.   

El caso de Paco

La familia de Paco Alarcón también ha denunciado su caso: el de la desaparición de su cuñada. Como Inés, nació en 1969 en el Hospital General de Alicante. Según consta en el certificado de defunción, la hermana de su mujer vivió una semana en el hospital, donde su suegra nunca la tuvo en brazos. "¿Cómo es posible que no existiera informe clínico?" Se pregunta.

Pasada una semana, le comunicaron que había fallecido; enseñaron a unos familiares el cuerpo de un feto y el centro hospitalario se ofreció para un rápido entierro, sostiene. "La familia no ha sido feliz y mi mujer desde que se jubiló está buscando respuestas, cartas en el Obispado, en todos los sitios…". 

"Lola siempre ha tenido la sospecha de que había visto a su hermana en la incubadora", afirma su marido. "Vio un bebé grande y hemos hecho investigaciones y un bebé que muere de 7 días dicen que hay protocolos", añade. Así han acabado consultando al cura del hospital por el libro de Registros de la capilla, descubriendo que hay 5 años "que no están escritos", coincidiendo con la fecha en cuestión.

Impulso a la nueva Ley

En las próximas semanas AVA se sumará a una campaña nacional de todas las asociaciones para que el Congreso apruebe cuanto antes la ley de bebés robados. Su proposición de Ley se admitió a trámite por unanimidad en noviembre de 2018 pero, el adelanto electoral, obligó a un nuevo registro.

Se volvió a aprobar para su toma en consideración en junio del año pasado, "lo que demuestra" a juicio de la coordinadora estatal que existe "un importante consenso político". En septiembre de 2020 se abrió el trámite de enmiendas de la Proposición en la Comisión de Justicia y allí descansa desde entonces. 

Cuando llegue su aprobación, estancada también por la pandemia, AVA espera que, con un banco nacional de ADN ya creado, los trámites sean rápidos a la hora de cotejar datos y los responsables de estos crímenes, una parte de ellos aún con vida, paguen por sus delitos y por sus pecados.