Llevamos semana y media hablando en Alicante de la vivienda protegida (VPP de promoción privada) a raíz del escándalo de las adjudicaciones de una cooperativa de 140 pisos en la zona de Condomina de Alicante, Les Naus. Un escándalo, sin paliativos, porque una concejal (ya exconcejal), una directora general municipal (ya exdirectora), un exarquitecto municipal, un funcionario de la Generalitat y el director de Gabinete (ya exdirector) de la Conselleria de Industria y Turismo, han sido beneficiados directa o indirectamente con estas adjudicaciones.

Un escándalo por el que tienen que asumir sus responsabilidades quienes hayan delinquido o permitido que se delinca, adjudicándose casas protegidas sin haber tenido las condiciones legales o requisitos específicos para ello, entre otros, la renta de la unidad familiar. Pero un escándalo, también, aderezado de demagogia por todas sus aristas. Especialmente demagogia de los partidos políticos que quieren sacar réditos políticos en las futuras elecciones municipales falseando los argumentos.

El mismo día en que se celebraba el pleno municipal convocado por el alcalde Luis Barcala (PP) para dar explicaciones y en el que se votó por unanimidad la apertura de una comisión de investigación (en el caso municipal, muy limitada) paralela a las denuncias en Fiscalía del propio Ayuntamiento y el principal partido de la oposición, yo acudía al debate de El Escenario, en Alacantí TV. Allí expresé mi principal opinión en este asunto: "Alicante tiene un Plan General, el mecanismo para recalificar terrenos y ordenar urbanísticamente la ciudad, del año 1987, casi 40 años. Es un fracaso de todos los gobiernos, al menos desde hace 20 años, de haber sido incapaces de sacar adelante un plan nuevo ajustado a las necesidades actuales de la ciudad". Sobre todo, por lo que afecta a la vivienda, principal preocupación de los ciudadanos en toda España.

Dicho esto, pocos argumentos legales hay para exigir la dimisión del alcalde Barcala o pactar una moción de censura. Las únicas competencias del Ayuntamiento en este caso han sido la enajenación del terreno y la concesión de una licencia de obras. Ambas cosas, con el informe favorable de los técnicos de Urbanismo. ¿La oposición mira a su compañero de corporación pero no mira hacia el funcionariado? Por algo será. En ningún caso se puede exigir al alcalde y a su equipo de Gobierno adjudicar las viviendas o fiscalizar si los requisitos de los demandantes son correctos. Lo primero dependía de la cooperativa y lo segundo de la Generalitat Valenciana. Otra cosa es que políticos y funcionarios de Alicante dispusiesen de información privilegiada sobre el proceso.

A Luis Barcala se le puede culpar de haber elegido a Rocío Gómez en 2023 para entrar en su lista y de haber nombrado a la jefa de servicio, María Pérez-Hickman, como directora general. Si ese fuese el listón exigible para las dimisiones, ¿qué diríamos de otros escándalos más recientes que han costado la vida de centenares de personas y por los que no han dimitido sus principales responsables políticos? Por eso no me extrañó la demagogia de PSOE, Compromís o EU en este asunto durante el pleno, ¿pero de Vox? A lo mejor habría que mirar otras situaciones para entender por qué el partido de Abascal hizo un brindis al sol en Alicante pidiendo la dimisión del alcalde...

A partir de ahí, que este caso nos sirva a todos para reflexionar. ¿Por qué dejar en manos de cooperativas privadas las adjudicaciones de pisos de protección pública en vez de que exista una bolsa pública y transparente de demandantes que realmente no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre? Que tome nota la Generalitat Valenciana en su Plan Vive, no vaya a ser que el caso alicantino sea el primer síntoma de que algo no está funcionando bien.

Por otro lado, deberíamos preguntarnos sobre los otros ciento treinta y tantos propietarios que aparentemente han cumplido con todos los requisitos. 200.000 euros por un piso en Condomina nos parece ahora un negocio redondo, pero tal vez no lo era en 2018 ya que el vertiginoso aumento de los precios de las viviendas ha llegado de hace unos años hasta ahora. ¿Podemos culpar a aquellos que hicieron las cosas bien, que cumplían los requisitos y que tan solo quieren dar un hogar digno a sus familias?

No hace falta ser muy listos para darse cuenta de que hay quien ha tenido información privilegiada, algo que no habría sucedido con una bolsa pública de demandantes. Está claro que debe de haber una fiscalización minuciosa de quienes han alegado separaciones conyugales para no llegar al mínimo de renta, cuando los beneficiarios son hijos de profesionales con emolumentos muy elevados respecto a la media de las nóminas de cualquier trabajador... También se debería estudiar aquellos casos en que los adjudicatarios lo han sido a última hora frente a quienes demandaron los pisos al principio de la cooperativa, a quienes tratan de vender o alquilar... Pero nunca increpar a quienes no han tenido culpa de esto, como está sucediendo por parte de algunos desaprensivos.