Cuando nos referimos a la separación de poderes (ejecutivo-legislativo-judicial) como uno de los pilares del constitucionalismo liberal tenemos que remitirnos al jurista y filósofo Montesquieu (1689-1755) por sus teorías acerca de los límites del poder a través de sistemas de pesos y contrapesos que permiten que los estados posean una efectiva vacuna contra el autoritarismo (en su época, el absolutismo).
Pero como bien recuerda George Sabine, en el que sigue siendo el mejor manual de Historia de la teoría política, se trata de una idea mucho más antigua, "de las más antiguas de la teoría política". Y es que la idea de una forma "mixta" de gobierno como garantía de libertad y buen gobierno, procede de textos tan lejanos en el tiempo como Las Leyes, de Platón.
Montesquieu cambió y modernizó la antigua teoría del gobierno mixto que fue experimentada en la historia de Occidente a través del equilibrio de intereses, clases sociales, territoriales o incluso religiosos, en una nueva doctrina que establecía de modo general cuáles eran los poderes del estado moderno dependiendo de sus funciones políticas y cómo debían evitarse las injerencias de unos sobre otros en el marco de su actuación.
Controles y equilibrios que han sido destrozados en España esta semana después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía de los golpistas del procès catalán. El poder ejecutivo (Pedro Sánchez y su PSOE) ha forzado al supremo intérprete de la Constitución de 1978 (en la cúspide del poder judicial) a emitir un pronunciamiento pactado fuera de España entre Santos Cerdán, investigado por corrupción, con el golpista Carles Puigdemont, huido de la Justicia española.
Tan solo eso bastaría para que cualquier persona con un mínimo de sentido común renegase de la interpretación falsa y miope que ha hecho el Tribunal Constitucional de una ley que rompe con el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles.
En 2018, dos de los mejores politólogos estadounidenses, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, publicaron Cómo mueren las democracias, un texto que lamentablemente deberíamos revisar en España en estos momentos. Y precisamente en él, describen qué nos está pasando:
"Con un gobierno unificado, donde las instituciones legislativas y judiciales se hallan en manos del partido del presidente, el riesgo no es confrontación, sino la abdicación. Si la animosidad entre partidos prevalece por encima de la tolerancia mutua, quienes ostentan el control del Congreso pueden anteponer la defensa del presidente al cumplimiento de sus deberes constitucionales".
Y añaden, "con la intención de evitar la victoria de la oposición, pueden abandonar su papel de de supervisores y permitir que el presidente apruebe leyes abusivas, ilegales e incluso autoritarias. Una transformación de perro guardián a perro faldero de esa índole, puede dar pie a un gobierno autoritario".
Es muy patente para todos, partidarios y detractores, cómo la Ley de Amnistía de los golpistas del procès está hecha para que Pedro Sánchez y su "mayoría progresista" se mantengan en el poder ejecutivo y legislativo gracias a los siete votos de los golpistas. No hay otra explicación posible porque el mismo PSOE que hoy habla de "convivencia" abominaba de la amnistía hasta necesitar esos siete votos.
Así pues, la única salvaguarda de nuestra nación está ahora en una firme posición de la judicatura como la que se vivió ayer ante el Tribunal Supremo y en que otro órgano superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), eche para atrás esta absoluta sinrazón. Seamos optimistas.