Miles de padres, madres y profesores alicantinos, sobre todo de la Vega Baja, se han embarcado en una batalla judicial para impedir que sus hijos e hijas sean adoctrinados bajo una lengua que no es la suya. Tras recurrir la lengua vehicular que el Gobierno valenciano quiere imponerles y que masivamente votaron en contra, el conseller Vicent Marzà por delegación del presidente Ximo Puig, no les ha dejado más salida que los tribunales. Con el coste económico que eso implica.

Soy consciente de que el conflicto lingüístico que se vive en algunas partes de la Comunidad Valenciana tiene otras interpretaciones: pedagógicas, políticas o sociales. Para mí resulta muy simple, es una cuestión de libertad y de capacidad de elección por parte de los padres. Estoy a favor de la promoción de las lenguas minoritarias, pero nunca de su imposición. Y esa es la clave.

A los alumnos de la Vega Baja -y al resto, porque aunque ciudades como Alicante están clasificadas como de "predominio lingüístico valenciano", es una categoría teórica irreal-, se les obliga a estudiar un determinado número de asignaturas troncales en valenciano. Una lengua que no sienten como suya.

Y hay padres que no quieren pasar por el aro y no tienen otra alternativa si no cuentan con los recursos suficientes para llevar a los chavales a colegios privados, donde existe una efectiva libertad de elección.

Esta falta de alternativas, esta carencia absoluta de flexibilidad, lo único que va a provocar son más desigualdades. Curioso, una política pensada para uniformizar bajo un pensamiento único supuestamente progresista, va a lograr el efecto contrario.

¿O es que Marzà y Puig piensan que la próxima generación en la Vega Baja va a hablar en valenciano cuando vaya al supermercado, al cine o de copas con los amigos? ¿O es que piensan que tendrán más votantes que el ridículo porcentaje que cosecha el nacionalismo en estos momentos en esa comarca?

Más bien creo que si ahora ese idioma es indiferente para una población de más de 355.000 personas, en el futuro la indiferencia se transformará en fobia. Hacia la lengua y hacia quienes se la han impuesto. Eso sí, entre tanto, PSOE y Compromís pueden mantener una extensa nómina de profesores de valenciano que seguramente sí les votan para mantener sus puestos de trabajo.

Ahora sólo resta saber, si se produce el cambio de Gobierno en 2023 (o antes), si el PP estará dispuesto a dar un giro a esta política educativa de inmersión lingüística. O si en cambio quiere dejar el terreno expedito para que otras formaciones políticas como Vox se beneficien del desastre educativo que está provocando el Botánico.