Impotencia, rabia y abandono podrían ser los tres sentimientos que definan con mayor precisión los cerca de tres años que Tamara y sus hijos llevan viviendo en un pequeño cuarto lleno de cajas en casa de sus padres por culpa de unos inquiokupas que no quieren irse de la que iba a ser su vivienda en Elche.
La ilicitana, de 38 años, no da crédito ante una situación que está llevando al límite tanto a ella como a su familia.
De hecho, su padre sufrió un ictus el pasado año a causa del estrés y la tensión, y él mismo asegura que la okupa lo va a matar si el conflicto se alarga.
La historia de Tamara Jiménez es la de muchas víctimas de la inquiokupación: una vivienda, un alquiler a muy buen precio a una persona o familia que parece solvente y un choque a la hora de necesitar ese domicilio y avisar a los inquilinos, que ven amenazada la cómoda mensualidad que pagan y temen hacer frente a los disparatados precios del mercado.
La dualidad de este caso ha hecho que Tamara y sus hijos, una niña de 11 años y un niño de 6, vivan apiñados entre cajas "en una habitación de 10 metros donde no pueden ni jugar, ni estudiar, ni hay intimidad", lamenta.
Al contrario, la familia marroquí que vive en la vivienda donde tenía planeado residir tras separarse de su pareja disfruta de un piso de 100 metros cuadrados con dos baños, una amplia cocina, una terraza, ascensor y plaza de aparcamiento en la zona de Altabix, al lado de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Las cajas y la ropa rebosa en la casa de sus padres.
"Mis padres le alquilaron el piso a esta familia hace cinco años por solo 550 euros porque eran personas que venían de fuera. Y ahora el valor de un alquiler en esa zona está entre los 800 y los 1.000 euros", comenta.
Al principio no hubo ningún problema. La familia, compuesta por una mujer y dos menores, pagaba religiosamente la mensualidad gracias al buen sueldo del marido, que trabajaba como camionero en Francia.
Pero la cosa comenzó a torcerse poco a poco y "cada vez iban retrasando los pagos, poniendo diferentes excusas", relata Cristina Jiménez, hermana de Tamara.
Aviso de salida
El detonante llegó cuando Tamara les mandó un burofax avisándoles de que, tras la separación, necesitaría el piso para mudarse con sus hijos.
Documento que "ni quisieron recoger", aseguran. En él se les daba un plazo de tres meses para que pudieran buscar otra vivienda, pero, en vez de hacer las maletas, dejaron de pagar las facturas.
Tamara cuenta que cuando habló con ella para hacerla entrar en razón, esta le dijo que "ese no era su problema y que si me tenía que quedar con mis hijos en la calle, pues que me quedara".
Sus pertenencias y las de sus hijos se amontonan al no tener más espacio para guardarlas.
Con las cartas sobre la mesa, decidió emprender acciones legales. Pero antes de que se ejecutara el desahucio, la familia fue declarada como vulnerable, ampliándoles el tiempo para marcharse.
Sin ayuda
Desesperada, y tras ver "inviable" alquilar un piso con su nómina de técnico de farmacia, Tamara acudió a los Servicios Sociales de Elche, pero le denegaron cualquier tipo de ayuda y le dijeron que era su familia quien tenía que apoyarla.
Desde el Ayuntamiento de Elche tampoco le han dado solución alguna al señalar que no es de su competencia.
"Esa persona es vulnerable y yo, con dos hijos menores, no tengo derecho a nada, a absolutamente nada. Da mucha rabia", confiesa.
"Estamos desesperados. Mis padres han estado toda la vida trabajando para conseguir una casa para cuando la necesiten sus hijos o nietos el día de mañana, y ahora que realmente la necesitamos no podemos usarla", añade.
El proceso se ralentizó desde entonces y no se moverá hasta diciembre, cuando la familia debería abandonar la vivienda.
Tamara cuenta los días hasta la supuesta fecha de salida con incertidumbre y temiendo tener que seguir malviviendo entre cajas y bolsas.