El registro de viajeros para alojamientos turísticos que el sector denominó despectivamente como el "Gran Hermano" en alusión a la novela de George Orwell 1984, sigue vigente (Real Decreto 933/2021, aún no derogado) pero el Ministerio del Interior ha abierto la puerta a introducir cambios tras el fuerte rechazo del sector y la presión política nacional e internacional. Eso sí, por el momento no concreta la nueva redacción. El resultado es un escenario de incertidumbre: las obligaciones formales se mantienen, mientras Gobierno, empresas turísticas y oposición negocian hasta dónde llegará la reforma del sistema.
El Real Decreto 933/2021 regula desde 2023 las obligaciones de registro documental e información para todas las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos, canalizando los datos a la plataforma SES.HOSPEDAJES del Ministerio del Interior. Afecta a hoteles, apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, campings, hostales, operadores turísticos y plataformas digitales, que deben recabar y remitir un conjunto ampliado de datos del huésped frente al antiguo parte de viajeros.
Pese a las moratorias iniciales, el nuevo sistema se considera plenamente exigible desde finales de 2024, con un régimen sancionador apoyado en la Ley Orgánica 4/2015 que prevé multas desde 100 hasta 30.000 euros por incumplimientos leves o graves. Sin embargo, las dificultades técnicas y operativas han llevado a Interior a reconocer la necesidad de “adaptar” la norma, abriendo un proceso de diálogo con el sector, según informaba la semana pasada la web especializada, Hosteltur.
Durante 13 meses no se ha publicado la norma que debería desarrollar el Real Decreto (orden ministerial). Hoteleros, agencias de viajes y otros alojamientos denuncian la complejidad técnica del sistema, el volumen de datos exigidos y el coste de adaptación tecnológica y de personal. Las asociaciones reclaman simplificar campos, flexibilizar plazos y asegurar una plataforma estable que no penalice a pymes y pequeños propietarios, que son los más expuestos al riesgo de sanción.
En las reuniones con la Secretaría de Estado de Seguridad se ha planteado la necesidad de segmentar las obligaciones por subsectores (no exigir lo mismo a un gran hotel que a un anfitrión con pocos apartamentos) y de clarificar de forma urgente el calendario de cambios para recuperar seguridad jurídica. El objetivo declarado del sector no es eliminar el registro, sino que sea proporcional a los fines de seguridad y compatible con la operativa diaria de las empresas.
Interior defiende que el Real Decreto busca reforzar la seguridad ciudadana, centralizar la información y modernizar un sistema todavía muy dependiente de las antiguas aplicaciones de Policía y Guardia Civil. El Ministerio admite, no obstante, la “complejidad técnica” del despliegue y ha aceptado sentarse con las organizaciones empresariales para revisar procedimientos y requisitos de información.
Entre los ajustes que se estudian están la simplificación de algunos datos a recabar en la fase de reserva, mejoras en la usabilidad de SES.HOSPEDAJES y vías de integración más fluidas con los PMS y motores de reserva utilizados por hoteles y apartamentos. El Ejecutivo intenta ahora proyectar una imagen de diálogo y corrección de errores, sin renunciar al núcleo del sistema de control de viajeros ni a la centralización de envíos en el Ministerio.
Las críticas y expectativas del PP
A finales de la semana pasada el senador alicantino del PP Agustín Almodóbar acusa al Gobierno de haber tardado 13 meses en reconocer “el fracaso absoluto” del nuevo registro, calificando el proceso de “despropósito” que ha generado un “caos administrativo innecesario”. Sostuvo que miles de empresas turísticas han invertido tiempo, dinero y recursos en adaptarse a una norma que sigue sin la orden ministerial de desarrollo, pese a estar ya en vigor.
En una batería de preguntas en el Senado, el PP exige que el Gobierno cuantifique el coste en trabajo e inversión para el sector, explique por qué no evaluó antes la viabilidad operativa y aclare quién asumirá la responsabilidad por los esfuerzos “desperdiciados”. Los populares plantean además si el Gobierno reconoce una falta de planificación normativa, por qué ignoró las advertencias de la industria y si piensa pedir disculpas al turismo por legislar “de espaldas” a quienes deben aplicar el registro.
De cara a los próximos meses, el sector turístico espera una revisión rápida, con cambios normativos claros que reduzcan cargas, segmenten obligaciones y devuelvan certezas sobre el marco sancionador. El Gobierno aspira a preservar el corazón del sistema de registro, ajustando solo aquellos aspectos que han demostrado ser más problemáticos, y presentando la reforma como una mejora técnica y no como un giro político.
No obstante, hasta que se concreten los cambios, alojamientos turísticos y plataformas deberán seguir cumpliendo con el actual registro de viajeros, mientras trabajan con sus proveedores tecnológicos para adaptarse a un sistema que, previsiblemente, volverá a modificarse.