En el último tramo de la temporada alta del turismo en la Comunitat Valenciana, el sector vuelve a ser nuevamente el foco de las polémicas entre el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) y el PP que Gobierna en la Comunitat Valenciana. Desde el Gobierno central, arremeten contra las Viviendas de Uso Turístico (VUT) pese a que las competencias en esta materia sean autonómicas y como ha explicado la consellera Marian Cano apenas influyen en el mercado de la vivienda.
La VUT "no puede ser el principal problema de la vivienda cuando supone menos de un 2 % del parque total de la Comunitat Valenciana, mientras los últimos datos de la Agencia Tributaria nos revelan que una de cada tres casas en la región, casi 760.000 inmuebles, están vacíos o a disposición para alquilar", señaló el martes la consellera después de que el domingo la Delegación del Gobierno emitiese una nota al respecto.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), señalaba la información ministerial, "ha notificado 7.499 pisos turísticos ilegales en la Comunitat Valenciana a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos", en clara alusión a que es uno de los factores que influyen en la crisis de la vivienda de España.
Las competencias en materia de VUT las tiene la Generalitat Valenciana, en concreto, la Conselleria de Turismo e Innovación, pero desde el Gobierno central se implementan medidas "gracias al impulso de la ministra Isabel Rodríguez, España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos". Es decir, no por parte Jordi Hereu Boher, el actual ministro de Industria y Turismo.
Por esta razón, Cano acusa directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “demonizar el sector turístico” y “anunciar medidas electoralistas, pero de dudosa viabilidad”, intentando convertir estas VUT "al régimen de alquiler permanente. Se trata de un ataque inaudito contra la propiedad privada. ¿Cómo va a obligar el Gobierno al propietario de un inmueble a que haga lo que él quiera?”.
Cano también recordó que ya se ha recurrido en los tribunales esta asunción de competencias impropias por parte del Gobierno en materia turística. Algo que se ha hecho sin consenso ni con el sector ni con las comunidades autónomas competentes en la materia.
“El presidente prometió el año pasado crear 43.000 viviendas de alquiler asequible y, a día de hoy, lo único que sabemos es que cada vez hay más pisos vacíos porque los propietarios no quieren arrendarlos por inseguridad jurídica”, aseguró la consellera.
Y ayer, como respuesta, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, postulante a la Alcaldía de Valencia por el PSPV-PSOE, volvió a la carga anunciando que "prohibirá" los alojamientos turísticos donde "debería haber viviendas para familias: ni un apartamento en zona calificada como residencial", como recoge la Agencia Efe.
Son "propuestas imprescindibles para garantizar que los valencianos se puedan quedar en esta ciudad y que no nos expulsen los precios desorbitados de la vivienda de los especuladores que han venido a hacer negocio y a los que ella misma [en referencia a la alcaldesa de Valencia] alienta", señaló Bernabé atacando directamente al sector turístico.
¿Turismofobia?
Paralelamente el senador alicantino y portavoz de Turismo del PP, Agustín Almodóbar, defendió en la Comisión de Industria y Turismo una iniciativa para mejorar la percepción social del turismo en España, advirtiendo de que el sector atraviesa una “crisis estructural, no de cifras, sino de legitimidad social”.
Almodóbar recordó que "el turismo representa más del 15% del PIB nacional y genera cerca de tres millones de empleos, siendo “el motor de la recuperación tras la pandemia y el mejor escaparate internacional de nuestro país”. Pero , “la aceptación social del turismo se desploma”, citando el Barómetro de Percepción Turística de LLYC, que sitúa la valoración media en 4,7 sobre 10.
Por eso acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “dar la espalda a la industria turística”, de “abandonar a los municipios desbordados” y de “promover una turismofobia creciente” al no anticipar ni gestionar los desafíos de masificación, vivienda y servicios públicos".