La ciudad de Alicante activa una moratoria para la concesión de licencias a viviendas turísticas. Una decisión que une, de manera casi inédita, a PP y PSOE para tomar decisiones con las que regular el crecimiento de este tipo de alojamiento. Y ahí Compromís vota en contra. Una decisión que contrasta con las reiteradas peticiones anteriores para abordar el tema.
Fuentes municipales muestran su sorpresa a EL ESPAÑOL por la decisión tomada en el pleno de este martes por parte de la formación liderada por Rafa Mas. Así señalan su extrañeza respecto a un voto negativo después de años en el que han pedido un control e incluso han planteado la vuelta de lo que llamaron la tasa turística, ya fuera por Hogueras o para Tabarca.
¿Qué es lo que hace esta moratoria? Amplía la suspensión de cualquier título y licencia de obra de nueva planta para implantar nuevos alojamientos turísticos de manera que ahora incorpora a los bloques de apartamentos, pensiones y albergues.
Esta suspensión afecta a todo el término municipal de Alicante y tiene una vigencia máxima de dos años, que cuentan desde la aprobación de la moratoria a las viviendas de uso turístico que se aprobó el pasado 13 de enero de 2025.
La decisión del Ayuntamiento también ha recibido este martes otra muestra de descontento. La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (Aptur) ha anunciado que pondrá una demanda.
Así, partes habitualmente tan enfrentadas como Aptur y Compromís se encuentran alineadas en el rechazo a una medida que, como destaca la concejala de Urbanismo Rocío Gómez, pretende "definir cómo la normativa urbanística puede regular la situación que vivimos en nuestra ciudad con respecto a las viviendas de uso turístico".
¿Qué está pasando entonces? Rafa Mas justifica su negativa porque cree que esta medida está "incompleta y sin medidas de sanción, de inspección y de cierre". Con eso cree que "le estamos diciendo hoy a los especuladores que sigan viniendo a esta ciudad y que encima compren bloques enteros turísticos".
Una postura que no comparte la presidenta de Aptur, que, según recoge Efe, critica que "la actuación del Ayuntamiento no se basa en criterios técnicos ni datos objetivos, sino en intereses políticos y mediáticos que perjudican a miles de ciudadanos".
Este julio Alicante ha aparecido en medios de toda España con una historia que representa el impacto que tiene el auge de los pisos turísticos. La librería más veterana de la ciudad, y premio nacional de los libreros, ha recibido el aviso de expulsión después de más de 40 años. En protesta, se han convocado concentraciones en contra de la turistificación y se ha planteado qué se tiene que hacer.
Pese a esas evidencias, Blasco asegura este martes que "no hay pruebas de que la vivienda turística esté desplazando a la residencial en Alicante, ni de que perjudique la convivencia vecinal o el tejido social".
Mas pide que, más allá de esta medida aprobada "el alcalde declare que esta ciudad asume las competencias para cerrar los pisos turísticos", que haya una "policía turística junto con los vecinos para inspeccionar, sancionarlos y cerrarlos" y "que se suban las tasas de agua del IBI y de las basuras" a estas viviendas.