El 27 de abril de 2022 entró en vigor el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
Esta norma, que afecta fundamentalmente a la información que tienen que registrar las empresas turísticas para dársela a la Policía, se dejó en suspenso durante al menos un año para preparar el sistema informático que lo gestionase. A fecha de hoy sigue sin estar activo, pero es que las empresas que lo tienen que aplicar, agencias de viajes, hoteles y empresas de alquiler de coches, lo consideran "absolutamente inviable" y han pedido al Ejecutivo que lo retire.
Es el caso de Benidorm, ciudad con más de 40.000 plazas hoteleras, donde la patronal Hosbec ha tachado de "absurdo" que se pretenda poner en vigor definitivamente en 2024 esta medida. "No somos policías, y no es nuestro trabajo tener que ofrecer al Gobierno datos tan sensibles de todos nuestros clientes", explica la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes. Esta reivindicación se extiende a toda la Costa Blanca y a la Comunidad Valenciana, donde la patronal tiene la principal representación turística.
¿En qué consiste esta Ley? Pues fundamentalmente en pasar de la ficha actual que registran las empresas turísticas, y que incluye nombre, apellidos y DNI, a tener que fiscalizar a todos los turistas (incluidos los menores de 14 años con datos proporcionados por sus acompañantes) con una ingente cantidad de información.
A saber: nombre, apellidos, sexo, tipo de documento de identidad y número, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección completa, teléfono fijo y móvil, correo electrónico, numero de viajeros y relación de parentesco entre ellos (en el caso de que alguno sea menor de edad).
La normativa afecta incluso a los detalles de la transacción: datos del contrato, número de referencia y firmas; información de la ejecución del contrato como fechas de entrada y salida, datos del inmueble y su dirección, número de habitaciones y si tiene conexión a internet; también el tipo de pago (efectivo, tarjeta de crédito, plataforma de pago, transferencia...), identificación del medio de pago (tipo de tarjeta y número, IBAN cuenta bancaria, solución de pago por móvil...), titular y fecha de caducidad de la tarjeta, si procede.
Y todo eso lo tienen que gestionar las empresas, algo a lo que no están dispuestos los empresarios turísticos. Así quedó también patente en la Comisión de Turismo de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), reunida a principios de mayo, en la que se acordó de forma unánime solicitar al Gobierno de España (y en concreto al Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Turismo), la modificación de este Real Decreto.
"Datos sensibles"
En este sentido, CEV recordó que con esta norma "todas estas empresas estarán obligadas a comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decenas de datos sensibles de los clientes, como datos de las tarjetas bancarias y de las transacciones de pago y otros datos económicos, datos de movilidad y GPS de vehículos o números de teléfono".
Esta normativa, además, hace responsable a las empresas turísticas "de la veracidad de los datos aportados, así como contempla un estricto régimen sancionador con multas de hasta 30.000 euros". Hasta ahora, la aplicación práctica de este Real Decreto está siendo muy limitada porque la plataforma digital del Ministerio habilitada para ello no funciona correctamente y "hace inviable la transmisión de estos datos".
Desde el sector empresarial se recalcó que la seguridad "es una prioridad estratégica para todos, pero que debe limitarse al control de los datos que aparecen en DNI o pasaporte, siendo inviable técnica y jurídicamente la aportación del resto de los datos".
"España es el único país de la Unión Europea que hace este trámite, y los servicios jurídicos están estudiando si esta normativa puede incumplir e invadir la normativa europea en materia de servicios de pago, protección de datos personales y libre circulación de personas", agregaron las mismas fuentes.
Varios representantes de CEV recordaron que lo más productivo es "vigilar la seguridad y la identificación de viajeros de aquellas modalidades de alojamiento en los que ahora mismo se escapan, como una gran parte de las viviendas turísticas".
Por ello, desde la patronal se remitirá escrito a ambos ministerios solicitando la modificación urgente Del Real Decreto, "limitando la comunicación de datos a lo que se recojan en los DNI y pasaportes, y eximiendo de ninguna obligación de comunicación a las agencias de viaje sobre las reservas efectuadas por sus clientes".