El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere convertir Benidorm en punta de lanza de la estrategia de digitalización turística de España y, además, abundar en la idea sobre la descentralización de administraciones que se quiere impulsar para nuevos organismos. Para ello instalará en la ciudad una Plataforma Inteligente de Destinos, un proyecto que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ya soslayó en una visita a la capital turística el pasado mes de junio, pero de la que aún se sabía más bien poco.
La idea es potenciar la "digitalización de los destinos y las experiencias de los turistas" mediante una plataforma "que permita fidelizarlos", tal como explicó en su día Maroto.
Para ello se utilizará la Red DTI de España pero con la plataforma en el centro de un ecosistema digital cuyo objetivo último es la "recuperación del sector" y "situarlo a la vanguardia tecnológica". Se encuadra dentro del plan España Puede, dotado con 130 millones de euros.
Sánchez dará todos los detalles a los empresarios turísticos en una reunión las 11 de la mañana en el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invattur). Un par de horas después clausurará el congreso de los socialistas valencianos que se celebra en la ciudad este fin de semana, y que concluirá con la reelección por aclamación de Ximo Puig como secretario general del PSPV.
Un intento de desagravio
Con este anuncio, aunque algo reciclado, Sánchez trata de tapar la indignación que existe entre la clase política y empresarial benidormí después de conocerse que el proyecto de 8 millones de euros presentado por su Ayuntamiento no había pasado el corte para ser incluido dentro de los proyectos europeos Next Generation para sotenibilidad turística.
En concreto, un comité formado por dos representantes de la Secretaría de Estado y otros dos de la Generalitat valenciana dejaron a Benidorm fuera de la lista de destinos que recibirá dinero en esta convocatoria, al haber pasado la primera nota de corte del concurso (70 puntos) pero no la segunda (75). Alicante, otro de los principales destinos de la Comunidad, también se quedó fuera.
Fuentes del sector turístico clamaron contra la decisión, al asegurar que "cualquier criterio técnico que deje a Benidorm fuera de un reparto objetivo de fondos para el turismo está mal". Desde la oposición, partidos como Cs pusieron en duda la objetividad en el reparto del dinero, e incluso comunidades como la de Madrid ya han anunciado que estudian acciones legales por una presunta discrecionalidad en el sistema de distribución de fondos.
De hecho, y tal como publicó El Español, los proyectos financiados en la Comunidad Valenciana (11 en total) muestran un claro desequilibrio hacia los partidos controladas por partidos del Botánico: de las ciudades de más de 20.000 habitantes agraciadas, solo Torrevieja tiene un alcalde popular. El resto (Alcoy, Dénia y Cullera) son del PSOE, mientras que Valencia está gobernada por Compromís.