La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que recoge las principales reivindicaciones de la flota pesquera para garantizar un mínimo de 180 días de pesca anuales, desvincular la actividad de la especie más vulnerable y eliminar la doble regulación de la gamba roja, medidas que reflotarían el sector pesquero de Santa Pola.
El municipio y sus pescadores han celebrado la aprobación del informe, que insta a la Comisión Europea a revisar el Plan Plurianual de Pesca del Mediterráneo.
El documento, redactado por la eurodiputada del Partido Popular Carmen Crespo, insta a la Comisión a presentar una propuesta legislativa firme de reforma antes del 1 de diciembre de 2026.
El informe sostiene que la estrategia europea ha logrado avances notables en la recuperación de las poblaciones, con reducciones en la mortalidad por pesca y mejoras en los niveles de biomasa de especies clave, aunque a costa de generar "un coste social y económico significativo, incluyendo la disminución del empleo en las comunidades costeras".
Entre los puntos más importantes destaca la exigencia de eliminar el sistema que limita el esfuerzo pesquero basándose en la especie más vulnerable (la merluza) para sustituirlo por un enfoque realista de pesquerías mixtas.
Además, exige revisar y suprimir de urgencia la doble regulación sobre pesquerías clave, como la gamba roja, que actualmente soporta una carga que el sector considera insostenible al estar sujeta a un sistema de cuotas sumado a un límite de días de pesca.
Otra de las medidas fundamentales es la introducción de mecanismos de flexibilidad y estabilización económica a largo plazo. Esto implica permitir la transferencia anual de al menos un 10 % de las oportunidades de pesca y limitar los recortes o aumentos de días a un máximo del 20 %, asegurando siempre un umbral mínimo de rentabilidad para las embarcaciones.
Crespo considera que "la reducción continua de los días de pesca ha llevado el nivel de actividad de los buques a situarse cerca —o incluso por debajo— de los umbrales mínimos de rentabilidad, lo que pone en peligro la viabilidad de las empresas pesqueras, el relevo generacional y el mantenimiento del empleo en las comunidades costeras".
Por ello, el informe considera que deben ampliarse los días de pesca hasta un mínimo de 180, frente a los alrededor de 130 actuales.
Así, se pide reforzar la lucha contra la competencia desleal de terceros países, como Marruecos o Argelia, subrayando la necesidad de crear una oficina europea de control de importaciones para frenar la entrada en el mercado de productos procedentes de la pesca ilegal.
El informe recuerda que "la política pesquera común se sustenta en tres pilares inseparables: la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Ninguno de ellos puede prosperar de forma aislada". Esta reivindicación se hace eco de las quejas de cofradías como la de Santa Pola, que lleva años denunciando la predominancia de la sostenibilidad medioambiental frente a los otros dos pilares.
Santa Pola es uno de los territorios más afectados por estas medidas, al contar con una de las flotas de arrastre más importantes del Mediterráneo. Su alcaldesa, Loreto Serrano, ha mostrado su "gran satisfacción porque, por fin, todos los esfuerzos y reivindicaciones que en los últimos años ha realizado el sector pesquero junto a instituciones como el Ayuntamiento de Santa Pola, la Diputación de Alicante o la Generalitat Valenciana, empiezan a dar sus frutos".
El informe fue aprobado por una amplia mayoría de 21 votos a favor frente a 4 en contra e insta a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa antes del 1 de diciembre de 2026 para abordar la revisión del actual plan y dar respuesta a las necesidades del sector pesquero mediterráneo.