Un parque móvil compuesto por camiones pesados, extendedoras de asfalto y compactadoras; cuatro plazas de garaje en Elche, una finca rústica en Monforte del Cid, mobiliario, ordenadores y una cotizada clasificación ministerial para licitar en contratos del Estado. Todo este paquete de activos ha salido al mercado a través de una propuesta de adquisición por una cifra que llama la atención a primera vista, 50.000 euros.

Se trata de la histórica compañía ilicitana Aglomerados del Sureste SL, de las más longevas de la provincia de Alicante en el ámbito de la obra civil. La empresa nació formalmente en 1984, aunque sus orígenes se remontan a 1966, cuando su fundador, Francisco Serrano Aznar, comenzó su actividad como contratista siguiendo la tradición familiar vinculada a la construcción de carreteras. Con sede en Elche, la compañía se especializó en la ejecución de infraestructuras públicas y en la fabricación de aglomerados asfálticos, convirtiéndose durante décadas en una firma habitual en licitaciones de ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones de la provincia.

A lo largo de su trayectoria ha participado en la construcción y mejora de carreteras, urbanizaciones, polígonos industriales, puentes, instalaciones deportivas, conducciones hidráulicas, desmontes y excavaciones, además de contar con plantas propias de aglomerado asfáltico y hormigón.

Hoy se deshace en el ámbito inmobiliario de cuatro plazas de garaje ubicadas en el casco urbano de Elche (en la calle Josefina Manresa) y una finca rústica de más de 4.500 metros cuadrados situada en el paraje Camino de Alberol, en el término municipal de Monforte del Cid. También, de la flota de vehículos y maquinaria técnica destaca por su especialización en obra pública y pavimentación; incluye camiones volquete y cabezas tractoras de la marca Renault, camiones grúa MAN, extendedoras de aglomerado y rodillos compactadores Dynapac, compactadores Corinsa, semirremolques tipo bañera y cisterna, así como diversos vehículos comerciales y de empresa de fabricantes como Citroën, Peugeot, Fiat y Hyundai.

Pero si algo puede tener valor para el comprador es su clasificación oficial como "contratista del Estado" le ha permitido concurrir a obras públicas de diversa entidad y competir en concursos junto a algunas de las principales constructoras de la Comunitat Valenciana del sector. Durante años fue considerada una empresa de referencia en la obra civil alicantina, especialmente en trabajos de asfaltado y conservación viaria en Elche y su entorno.

La propuesta, formalizada en una oferta vinculante de compra para la adquisición de la unidad productiva de la Empresa Constructora Aglomerados del Sureste, SL -en proceso concursal de liquidación-, plantea varias incógnitas: ¿estamos ante un "chollo" inmobiliario e industrial o ante una operación compleja? Se trata de la viabilidad real de adquirir un negocio por un importe aparentemente simbólico depende en última instancia de los pasivos y deudas que arrastre la sociedad y de si el comprador debe hacerse cargo de ellos.

Por norma general en la Ley Concursal, al comprar una unidad productiva en fase de liquidación, los créditos y deudas bancarias o de proveedores anteriores quedan aislados en la masa del concurso y no se traspasan al comprador. Sin embargo, existe una excepción fundamental: las deudas laborales y de la Seguridad Social. En el caso de Aglomerados del Sureste la única carga directa que asumirá la mercantil adquirente -la murciana Cimenco Proyectos y Servicios, SL- según su oferta vinculante es la subrogación de la plantilla activa, compuesta por seis empleados (entre jefes de obra, responsables de estudios y operarios).

Esta asunción de personal supone eximir al concurso de acreedores de pagar cerca de 48.000 euros en indemnizaciones por despido. Además, la oferta solicita expresamente al Juzgado que el comprador quede liberado de salarios o indemnizaciones impagadas anteriores a la venta que sean cubiertas por el FOGASA, blindando así la operación frente a sorpresas financieras pasadas.

La diferencia de una subasta al mejor postor, la vía elegida aquí dentro del concurso de acreedores es la de una oferta vinculante de adquisición directa de la unidad productiva. El objetivo de Cimenco no es quedarse con activos sueltos para revenderlas, sino absorber el negocio en bloque para continuar su actividad. Para ello, la normativa concursal exige mantener la empresa operativa durante al menos tres años, un requisito que el comprador asume en el texto tras certificar ingresos de más de 10,7 millones de euros en su propio balance financiero.

Ahora la decisión queda en manos de la Administración Concursal y del Juez de lo Mercantil, quienes deberán valorar si aceptar estos 50.000 euros en efectivo más la salvaguarda de los empleos es la mejor solución para dar salida a la unidad productiva de la constructora alicantina.