En plena controversia sobre la reversión al sistema público de la empresa de inspecciones de la ITV en la Comunitat Valenciana en los últimos meses del Gobierno de Ximo Puig (marzo de 2023), los datos demuestran que han bajado las reclamaciones de los usuarios en 2025 respecto al caos de 2024. Según ha podido saber EL ESPAÑOL De Alicante, las quejas han disminuido un 17,5% un año después de los colapsos y largas listas de espera.
En 2024 se registraron 350 reclamaciones en las estaciones de ITV gestionadas por la Generalitat. En los diez primeros meses de 2025, las quejas han bajado a 289, lo que supone una reducción del 17,5% respecto al año anterior.
Por provincias, Valencia concentra el mayor volumen, con 212 reclamaciones en 2024 frente a 167 en 2025, seguida de Alicante (112 quejas que pasan a 101) y Castellón (de 26 a 20), a las que se deben sumar una reclamación registrada en los servicios centrales. Fuentes de la Generalitat valoran que el descenso es “significativo” en la mayor parte de estaciones y por tipos de incidencia, lo que apunta a una cierta normalización del servicio.
La cifra contrasta con la imagen de colapso instalada desde la reversión del servicio, cuando la Generalitat decidió recuperar la gestión directa tras 25 años de concesiones privadas. La vuelta al modelo público, ejecutada bajo el gobierno de Ximo Puig, llegó entre advertencias de “caos” por parte del sector y críticas políticas por las largas esperas para conseguir cita, que en algunos casos superaban los dos meses.
Durante ese periodo, este diario ha venido informando de demoras, falta de personal y desorganización en la puesta en marcha de la nueva empresa pública SITVAL (Societat Valenciana d'ITV), que comenzó con varios litigios con las antiguas concesionarias por la reversión del servicio.
Con el servicio ya plenamente integrado en la administración autonómica, el descenso de reclamaciones sugiere un usuario menos proclive a formalizar quejas, aunque persistan problemas de saturación en algunas estaciones.
Las principales causas de las reclamaciones se concentran en demoras, organización del servicio y discrepancias técnicas en la inspección, y se repiten tanto en 2024 como en 2025, aunque con menor volumen total de quejas en este último año. Los datos apuntan a que el malestar no desaparece, pero se canaliza menos por la vía formal de la reclamación pese al contexto de colapso heredado.
Una parte relevante de las reclamaciones tiene que ver con la dificultad para conseguir cita en un plazo razonable y con los retrasos acumulados el día de la inspección. Los usuarios protestan por esperas superiores a la hora y por la sensación de saturación crónica en determinadas estaciones, especialmente en los meses punta.
También generan quejas los cambios o anulaciones de cita, así como la falta de información clara sobre los horarios y la disponibilidad real de líneas de inspección. En el contexto de la reversión, estos problemas se perciben como consecuencia directa de una planificación insuficiente de personal y recursos.
Desacuerdos con el resultado
Lo que sí ha crecido es el número de reclamaciones referidas al desacuerdo con los defectos anotados por los técnicos o con la decisión de considerar la ITV como desfavorable. Los usuarios cuestionan la interpretación de la normativa en casos como pequeñas pérdidas de aceite, desgaste de neumáticos o el estado de elementos de seguridad, y piden revisiones o segundas opiniones.
En estos expedientes aparecen quejas por falta de explicaciones detalladas, trato considerado poco empático o sensación de arbitrariedad entre estaciones distintas ante incidencias similares. Esta percepción de falta de homogeneidad alimenta la desconfianza, aunque no haya aumentado el número total de reclamaciones.
También hay reclamaciones vinculadas a errores en la emisión de informes, certificados o recibos, así como problemas con el pago de las tasas. En este sentido, aunque cuantitativamente son menos que las que se refieren a retrasos o defectos técnicos, estas incidencias administrativas contribuyen a la imagen de desorden en un servicio que, tras la reversión a lo público, sigue bajo el foco político y mediático.