La Comunidad de Regantes de Crevillente ha respondido a los comuneros críticos, que recientemente han manifestado su malestar y exigido mayor transparencia en la gestión de la entidad, tal como ha informado El Español De Alicante. A pesar de las reclamaciones y burofaxes enviados por algunos comuneros —donde se solicitaba la entrega de libros contables, documentos justificativos y actas de las sesiones de gobierno— la dirección del organismo ha mantenido su postura de no proporcionar la documentación solicitada, salvo el acta más reciente incluida en el listado de documentos.
El sector crítico de la Comunidad de Regantes considera que los actuales responsables gestionan la entidad con falta de claridad, sin entregar detalles completos sobre cuentas, gastos e ingresos. Cuando se quejan, les bajan el precio del agua, que ahora está en una tarifa de hasta 45 euros por hora de riego (180 m3). Un coste muy superior al coste real del agua de trasvase, que ronda los 24,7 euros según los propios afectados. Además, denuncian que los gastos de mantenimiento y asesorías no se corresponden con la estructura real de la comunidad, que solo tiene dos empleados fijos.
En su contestación formal, remitida tras varios escritos y un burofax, el 17 de noviembre, la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes alega que se trata de una entidad de base privada que solo actúa como Corporación de Derecho Público en las actividades sujetas a derecho administrativo. Por lo tanto, consideran que la mayoría de documentos reclamados por los comuneros críticos están sujetos al derecho privado, escapando del régimen habitual de acceso y transparencia propio de la administración pública.
"Los documentos que usted solicita en su escrito son documentos sujetos al derecho privado, pues no tiene nada que ver con la organización de los derechos de riego, ni con las potestades jurisdiccionales de los Jurados de Riego y de la Policía de los turnos de agua al tratarse de cuestiones privativas de la Comunidad", aseguran en su escrito de respuesta a un comunero. Y se remiten a la "doctrina del Consejo de Transparencia".
La Junta señala que los únicos acuerdos y documentos que los comuneros pueden recibir son los vinculados a actividades administrativas, como la última acta de la Junta de Gobierno, mientras que el resto de información contable, justificantes y libros de cuentas no serán facilitados. Este posicionamiento se apoya en la interpretación de los estatutos internos y la legislación, y se subraya que, aunque existe obligación de informar sobre acuerdos adoptados en el marco administrativo, no ocurre lo mismo con los documentos relativos a la gestión interna y privada, salvo en la Asamblea General ordinaria anual.
Ante esta opacidad por la negativa a entregar los documentos reclamados, se agrava el clima de desconfianza y tensión entre los comuneros críticos que están organizados a través de las redes sociales donde ya se anuncian futuras auditorías y se contempla la vía judicial ante la Confederación Hidrográfica del Segura. Por su parte, la dirección recuerda que la documentación pertinente sobre los presupuestos del ejercicio anterior se entregó a quienes la solicitaron en la Asamblea General y que las cuentas pendientes de 2024 y 2025, así como la rendición definitiva, serán presentadas en la próxima convocatoria anual.