El abogado ilicitano Enrique Martín, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio de Alicante, ha impulsado y presidirá la nueva Sección de Derecho de Propiedad Intelectual del Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE).
¿Cuáles fueron los principales motivos que impulsaron la creación de una sección independiente de Derecho de Propiedad Intelectual y su desvinculación del área de Derecho Mercantil en el ICAE?
En primer lugar, porque Elche es la capital de la propiedad intelectual de la provincia de Alicante en número de registros. Tiene poco sentido que el territorio que más registros genera no tenga ninguna conexión con el resto de agentes del sistema de protección de la propiedad intelectual, principalmente con los jueces y la EUIPO. En segundo lugar, porque, admitiendo el gran trabajo realizado por nuestros compañeros del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante en materia de marcas y diseños de la UE, existen otros ámbitos de esta disciplina del Derecho de la Competencia que es necesario promover de manera complementaria.
Con la puesta en marcha de esta Sección, la provincia de Alicante tiene una oportunidad única para convertirse en el centro de referencia europeo en Derecho de la Competencia, incluyendo la protección de las innovaciones tecnológicas y digitales, la lucha contra las diversas formas de competencia desleal y parasitismo, y, singularmente, la defensa de los derechos de autor, dado que tenemos Ciudad de la luz, los estudios de cine más importantes de Europa.
¿Podemos seguir diciendo que Elche es la capital industrial y Alicante la administrativa?
Sí, pero con matices. Tradicionalmente, Elche ha destacado como núcleo industrial —primero gracias al calzado y ahora con la actividad creciente en otros sectores innovadores bien diversificados, desde bicicletas a productos nutracéuticos o cohetes— mientras que Alicante ha tenido un perfil más administrativo e institucional. Sin embargo, hoy ambos polos cooperan y se complementan. Elche ha evolucionado para ser referente en “mentefactura”, innovación y protección de la propiedad intelectual, mientras que Alicante consolida su papel como sede administrativa y centro de servicios, con organismos como la EUIPO y los Tribunales de Marcas y Diseños de la UE.
"Elche es la capital de la propiedad intelectual de la provincia de Alicante en número de registros"
¿Qué objetivos inmediatos y a medio plazo persigue esta nueva sección para abogados, profesionales y empresas locales?
Como objetivo prioritario, esperamos despertar las vocaciones de abogados ilicitanos sobre la propiedad industrial, actuar como un foro de encuentro y formación continua para los profesionales. A medio plazo, pretendemos ser el referente en la defensa de la creatividad, la innovación y el conocimiento en la provincia, ayudando a fortalecer el tejido empresarial, atraer talento y proyectar la marca de territorio en toda España y Europa. Queremos facilitar el networking, la transferencia de conocimiento y la actualización continua frente a los desafíos que plantea la economía global y digital.
¿Por qué Elche es un referente nacional en materia de propiedad intelectual, marcas y patentes, y cómo lo reflejará esta nueva área dentro del Colegio?
Elche, con su potente industria del calzado y ecosistema innovador, lidera los principales rankings nacionales en creación, protección y defensa de marcas, patentes y diseños industriales. Esta nueva área del Colegio será escaparate y motor para difundir ese liderazgo, reivindicar el papel de los abogados especialistas y dar mayor reconocimiento y protección a los protagonistas locales de la innovación y la creatividad.
¿Qué importancia tendrá la formación continua de abogados en propiedad intelectual y cómo se impulsará desde la sección?
Será uno de los pilares estratégicos de la sección. La formación continua garantiza que los abogados estén actualizados en una materia tan dinámica y compleja como la Propiedad Intelectual, en la que se producen constantes cambios normativos europeos y globales de mucho calado. Tenemos que prepararnos para afrontar los retos que nos deparan los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, el blockchain y, en definitiva, los avances de un mundo cuya economía es cada vez más digital.
¿Qué ventajas concretas puede aportar el fortalecimiento de la especialización en propiedad intelectual para los clientes y empresas de Elche y la provincia?
Sin duda la ventaja más relevante es disponer de un colectivo de abogados altamente especializados, lo que se traducirá en empresas cuyos activos estén mejor protegidos ante la competencia global y la piratería. Debemos procurar que los clientes, muy especialmente las pymes, incorporen la Propiedad Intelectual como una herramienta estratégica. Una abogacía más preparada significa empresas más protegidas y fuertes ante la competencia global y la piratería, con mayor capacidad para negociar y defender sus derechos. Esto se traducirá en empresas más resilientes y un mercado laboral más atractivo.
" Esta nueva área del Colegio será escaparate y motor para difundir ese liderazgo"
¿Qué relación y coordinación tendrá esta sección con otros colegios profesionales, la Cámara de Comercio de Alicante, ¿juzgados especializados y con otras entidades empresariales o académicas?
Es imprescindible reforzar las sinergias entre todos los agentes relacionados con la propiedad intelectual en la provincia, promover una marca colectiva de excelencia. Debemos tener una visión amplia de nuestra labor e implicar a los empresarios, a los jueces y magistrados y a las instituciones como la EUIPO o la OEPM, pero también a las universidades, los parques científicos y los institutos tecnológicos. Solo así lograremos un ecosistema de Propiedad Intelectual sólido, ágil, interdisciplinar y cercano al tejido productivo. Y visible internacionalmente.
¿Cree que sería necesario un tribunal central especializado en competencia?
Creo que sería conveniente crear un tribunal central de Derecho de la Competencia, con alcance en todo el país, que concentrara las diversas disciplinas relacionadas, con exclusión de otras materias del derecho mercantil (como los concursos). Alicante sería una sede excepcional para este tribunal por el largo camino que ya han recorrido exitosamente los Tribunales de Primera Instancia de Marca y Diseño de la UE y nuestro Tribunal de apelación, que hoy están en la vanguardia europea.
Por eso, reivindicamos que se agilicen las inversiones necesarias para la futura sede del Tribunal de Marcas de la Unión Europea. Debemos ser conscientes de la importancia global que la provincia de Alicante ha adquirido gracias a su conexión con la propiedad intelectual y reforzar y ampliar este vínculo.
"Reivindicamos que se agilicen las inversiones necesarias para la futura sede del Tribunal de Marcas de la Unión Europea"
¿Qué retos legales y de conciencia social plantea actualmente la protección de la innovación, especialmente en un mercado globalizado y digital, y cómo contribuye esta sección a afrontarlos?
Hoy nos enfrentamos a retos sin precedentes: la copia y las diversas formas de infracción de los derechos de propiedad intelectual son inmediatas y globales; la inteligencia artificial desafía los límites del derecho autor y de patentes; el valor de los intangibles crece mientras la concienciación sobre su protección no va al mismo ritmo y algunas veces va en dirección contraria.
La nueva Sección de Propiedad Intelectual del ICAE intentará ser un foro ideal para difundir la cultura de la PI, reforzar la ética profesional y la conciencia social sobre la importancia estratégica de defender la innovación, pero también va ser una plataforma de diálogo entre profesionales, empresas e instituciones en la era digital, en la que la facilidad para infringir las normas copiando y distribuyendo contenidos dificulta enormemente la aplicación de derechos de propiedad intelectual.
Somos conscientes de que existe un debate social sobre si la excesiva protección de la propiedad intelectual puede ahogar la innovación en sectores como la ciencia y la tecnología. Tenemos la responsabilidad de dar las respuestas adecuadas para que el sistema legal dé todas las garantías sin limitar el acceso al conocimiento y frenar el desarrollo.