A estas alturas del año y con la posibilidad de prorrogar los presupuestos municipales sin riesgo a una moción de confianza por tratarse de año preelectoral, los equipos de Hacienda y los propios gobiernos de los ayuntamientos no saben si presentar las cuentas de 2023. Y si las presentan, cómo las elaboran.
La principal razón es la imprevisión sobre el aumento de los gastos en energía y carburantes ante la crisis que ha provocado la invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias económicas. Además de los sueldos de los funcionarios en función del IPC fijado por el Gobierno central en un contexto generalizado de contención tributaria ante la inflación.
Técnicos municipales explican que ayuntamiento de rango medio, por ejemplo de unos 20.000 habitantes, dependiendo su extensión en el territorio y otros factores, pueden llegar a pagar entre 700.000 y 1 millón de euros en gastos de energía (alumbrado, luz en instalaciones, consumos extraordinarios en fiestas). Y ciudades más grandes, sobrepasan ampliamente ese umbral.
La situación de la Generalitat Valenciana, en cambio, es otra. A diferencia de las entidades locales las autonómicas recaudan el 100% del impuesto de energía, por lo que ese dinero de más ya ha llegado o va a llegar a sus cuentas. En el caso de la Comunidad Valenciana, la Generalitat recauda más de 1.000 millones entre impuestos de hidrocarburos (la partida más alta con diferencia) y de energía.
Así, durante este ejercicio la mayor parte de los pueblos y ciudades han tenido que modificar sus previsiones iniciales y tienen hasta diciembre para hacer modificaciones extrajudiciales de crédito para poder pagar los sobrecostes de la energía eléctrica. También, los sobrecostes en hidrocarburantes para sus vehículos propios y los de las principales adjudicatarias, como el transporte y la recogida de basura y limpieza.
Si las previsiones que se manejan ahora hablan de la posibilidad de que se tripliquen esos gastos, a los que habría que sumar los gastos del capítulo 1 de los presupuestos, los del personal, cuando se actualice el IPC real o pactado, los técnicos municipales tienen difícil encaje para sus cuentas.
[Las subidas de precios disparan la recaudación pública y los ingresos por impuestos crecen un 18%]
Sobre todo, en el capítulo de inversiones ya que a más gasto e iguales o menores ingresos, debe corregirse mediante el recorte en otros capítulos que no supongan un desembolso estructural (fijo cada año).
Además, esta situación económica se produce cuando muchas de las adjudicatarias de esas inversiones se ven obligadas paralizar obras porque el dinero por el que concursaron se ha multiplicado en materiales y transportes con la inflación desbocada.