El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dejado ya prácticamente visto para sentencia el juicio por el que se determinará si las medidas adoptadas por el Gobierno del Botánico (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) para frenar la pandemia fueron excesivas y provocaron daños irreparables en la economía. Los hosteleros mantienen en los tribunales una demanda en la que solicitan suspender estas restricciones, algo que será "determinante" a la hora de calcular las posibles indemnizaciones que han solicitado por haberse visto obligado a cerrar sus negocios.
Tal como publicó EL ESPAÑOL, los empresarios han presentado reclamaciones patrimoniales tanto en Valencia como, más recientemente, en Madrid, al considerar responsables a la Administración autonómica y a la central por las medidas que obligaron a cerrar sus negocios.
En el primer caso, la petición de compensaciones se hizo desde prácticamente el inicio de la pandemia; paralelamente, se ha solicitado en el TSJ la anulación de las medidas adoptadas durante el segundo estado de alarma, y el juicio se encuentra ya visto para sentencia. Su resultado determinará el recurso planteado por la vía administrativa.
Respecto al Gobierno, las reclamaciones se encuadran en una petición más global después de que el Tribunal Constitucional declarase ilegales los dos estados de alarma aprobados por el Congreso de los Diputados. En este caso concreto las peticiones se acaban de enviar, por lo que el proceso aún está muy verde.
Según un estudio elaborado por la Diputación de Alicante, las restricciones provocaron al sector de la hostelería en la provincia pérdidas por 1.800 millones de euros y la destrucción de 10.000 empleos.
Medidas "necesarias"
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el informe con el que la Administración autonómica trata de justificar las medidas adoptadas está fechado en el 30 de marzo de 2021, y firmado por la subdirectora general de Epidemiología, Vigilancia de Salud y Sanidad Ambiental de la Generalitat, Hemelinda Vanaclocha.
En él se apunta que "hay suficiente evidencia científica para concluir que la forma de disponer de entornos en los que la probabilidad de contagiarse se minimiza es siguiendo un conjunto de recomendaciones como son: llevar permanentemente mascarilla, distancia interpersonal, higiene de manos frecuente, ventilación de los espacios cerrados y a ser posible, mantenerse en espacios abiertos".
En este sentido, considera que "cuando el nivel de circulación de virus es muy alto, la forma de prevenir un gran número de fallecimientos y un exceso de hospitalizaciones es adoptar medidas más enérgicas basadas en minimizar en lo posible la interacción social". Y aquí incluye "el confinamiento domiciliario, la medida más drástica, llevado a cabo en la primera ola en España o los llevados a cabo en la actualidad en los países de nuestro entorno, han mostrado sin ninguna duda su efectividad".
Uno de los problemas de este razonamiento es precisamente que los datos a veces no acompañaban a las medidas. Por ejemplo, cuando se mantuvieron pese a la mejora de todos los indicadores, algo que la Generalitat justifica con la necesidad de esperar a "que se alcance un nivel de inmunidad colectiva con la vacunación". "Las únicas medidas eficaces frente al Covid-19 son las mediadas no farmacológicas", indica.
Y en el caso concreto de bares y restaurantes, donde se mantuvieron hasta prácticamente el final las exigencias como la del pasaporte Covid, opina que "existe suficiente evidencia científica para afirmar que la exposición comunitaria asociada a la asistencia a lugares donde resulta muy difícil llevar mascarilla de forma permanente, como ocurre en los lugares donde se sirve comida y bebida, es un factor de riesgo para la transmisión del virus". Esta probabilidad, agrega, "se ve incrementada en espacios interiores".
Por su parte, los hosteleros consideran que estas restricciones no influyeron en la mejora de los datos Covid y que, de hecho, las medidas se adoptaron de manera arbitraria al permitir concentraciones de personas en determinados lugares mientras los bares y restaurantes tenían que ajustarse a las exigencias de la Administración.