Alicante

El Gobierno central invertirá 90 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para dotar de energía fotovoltaica las tres elevaciones del trasvase Júcar-Vinalopó.

Estas nuevas instalaciones fotovoltaicas permitirán reducir costes de funcionamiento de esta infraestructura, ampliando la disponibilidad de agua a precios asumibles y "aliviando la sobreexplotación insostenible sobre los acuíferos de la zona", según ha anunciado hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Así lo ha anunciado en un desayuno-coloquio celebrado en Casa Mediterráneo de Alicante ante el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha sido organizado por el Club Información.

La vicepresidenta ha detallado inversiones por valor de 668 millones de euros en impulso a la desalinización y las energías renovables a fin de garantizar agua suficiente para Alicante.

También ha adelantado qeu se llevará a cabo una inversión de 11 millones de euros del Plan de Recuperación para mejorar los sistemas de reutilización de agua depurada en el Valle del Vinalopó.

En la jornada, la vicepresidenta ha desgranado la batería de medidas que se llevarán a cabo en la zona para modernizar regadíos y dar respuesta a las necesidades en materia y gestión hídrica en un escenario de cambio climático que va a reducir la disponibilidad de agua en la práctica totalidad de las cuencas hidrológicas españolas y, de manera especial en el sureste peninsular.

Ese desafío exige, ha relatado, una "gestión del agua integrada, realista, inteligente y sostenible" que complemente los recursos tradicionales con otros complementarios, mejoras en la eficiencia, depuración, reutilización y desalación, entre otros, dentro del nuevo ciclo de planificación hidrológica 2022-2027.

Ha defendido el trasvase Tajo-Segura y ha señalado que también se trabaja para proporcionar volúmenes de agua adicionales a las comunidades de regantes de las cuencas receptoras de la desalinización.

Ha recordado que ya se ha multiplicado por dos la capacidad de desalación en la provincia y que sigue en aumento, como lo refleja que solo la desalinizadora de Torrevieja ya sea capaz de proporcionar 80 hectómetros cúbicos anuales, el mismo volumen que las transferencias desde el Tajo, y para finales de año-principios de 2022 ese caudal se elevará a 120.

Se trabaja además en la interconexión con las plantas de Valdelentisco y Águilas, e inversión en energías fotovoltaicas para abaratar el precio del agua desalada y que sea asumible para los agricultores.

En conjunto se han planteado inversiones por valor de 668 millones de euros en obras en la cuenca del Segura, que concluirán entre 2023 y 2024, para garantizar la aportación de agua suficiente para todos los usos requeridos.

Entre las medidas previstas para impulsar la reutilización de agua depurada, la ministra también ha detallado una inversión de 11 millones del PRTR destinada a adecuar la EDAR del Valle del Vinalopó, junto con el trabajo en otras estaciones depuradoras que permitirán un aumento significativo de los recursos hídricos disponibles.

"Lo importante es disponer de agua, considerada como un recurso único para poder hacer las cuentas correctamente, y no necesariamente un solo tipo de concreto de agua", ha dicho en alusión a quienes critican el nuevo modelo de explotación del Trasvase Tajo-Segura (ATS).

En relación a esta infraestructura, el Ministerio estudia distintas fórmulas para adecuar la repercusión de los costes del ATS a la realidad actual, de modo que pueda aliviarse el llamado 'tasazo', a fin de abaratar el coste del agua para regadío en las cuencas receptoras.

La ministra ha ensalzado el compromiso y actitud dialogante de la administración autonómica, municipios, comunidades de regantes y demás actores en el ciclo del agua para adaptarse de manera constructiva a los nuevos escenarios definidos por una menor disponibilidad natural hídrica.

Del mismo modo, Ribera ha subrayado también su apoyo al Plan Vega Baja-Renhace impulsado por la Generalitat a raíz de la DANA de septiembre de 2019, con el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Segura de definir las obras necesarias para reducir el riesgo de inundación, actuaciones contra avenidas por valor superior a los 132 millones de euros, y de restauración ambiental por otros 5 millones de euros.

En conjunto, la inversión pública total en el sector del agua en Alicante llegará a la provincia fondos por valor de 485 millones de euros en los próximos seis años a cargo del MITECO y diversas sociedades estatales, y otros 310 millones del PRTR entre los años 2022 y 2023.

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