El pasado 19 de abril el Supremo ratificó las penas de prisión para el que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, y varios directivos y consejeros de la entidad por el caso de las dietas ilegales.
Según el alto tribunal, Crespo y varios miembros de la cúpula de la caja diseñaron un sistema para que el expresidente cobrase 300.000 euros al año de una sociedad en la que no trabajaba.
En el juicio Crespo se consideró culpable, fue condenado a nueve meses de cárcel y una multa de 9.000 euros. También se comprometió a devolver los 600.000 euros percibidos en dos años.
En cuanto al resto de implicados, el fallo confirma la decisión previa de la Audiencia de Alicante aunque rebaja sus penas de prisión, como la del exdirector general Roberto López Abad (de dos años y medio a dos años), y de cuatro directivos: José Forner, Antonio Gil-Terrón, Luis Esteban y el exconseller socialista durante los gobiernos de Joan Lerma Martín Sevilla (de año y medio a un año).
Todos tendrán que pagar multas de entre 13.500 y 16.500 euros y quedan inhabilitados para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo que dure la pena.
La sentencia retrata el fin de una época de excesos en el sistema financiero, pero también pone nombre y apellidos a la forma en la que se dirigía y gestionaba la entidad alicantina, que llegó a ser la cuarta cajas de ahorros de España.
De hecho, y aunque hasta ahora el foco mediático se ha puesto en Crespo y López Abad por ser los principales directivos de la CAM, entre los nombres que han sido condenados destaca uno por su implicación política directa y, sobre todo, por el papel que ha tenido el Gobierno valenciano durante el juicio: Martín Sevilla.
Este catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Alicante era miembro del consejo de administración, y también ejerció de secretario de la comisión de retribuciones que supervisaba la política de salarios de los directivos de la CAM.
Sevilla tenía a sus espaldas una dilatada carrera política vinculada al PSOE. A principios de los 80 fue concejal de Urbanismo y portavoz socialista en Elche, hasta que le nombraron director general de Administración Local de la Generalitat hasta 1987, cuando se presentó a las elecciones autonómicas y salió elegido diputado entre ese año y 1995.
En el Gobierno valenciano ejerció de conseller de Trabajo y Asuntos Sociales de 1991 a 1993 durante la Presidencia de Joan Lerma, y después se encargó de la cartera de Industria, Comercio y Turismo hasta la victoria electoral en 1995 del Partido Popular. En la CAM entró en 2002 a instancias del PSOE.
Intervención y juicio
Cuando el FROB interviene la CAM en julio de 2011 se inicia una red de causas judiciales con varias derivadas. Tras la desaparición de la caja surge la Fundación CAM, controlada por la Generalitat Valenciana, que se persona en todos estos casos a través de esta entidad.
En 2015 hay un cambio de color político en la Comunidad Valenciana, y entra una coalición del PSOE y Compromís. Y con ella, se promueven cambios en todos los organismos que dependen, directa o indirectamente, del Ejecutivo autonómico, incluida la Fundación CAM.
En mayo de 2016, en los últimos días de Matías Pérez Such (expolítico del PP) al frente de la entidad pero ya bajo el control del Botànic, remite un escrito de alegaciones a la Audiencia de Alicante en la que considera que el único responsable en el caso de dietas ilegales del expresidente es el propio Modesto Crespo y exonera al resto de directivos, entre ellos el socialista Martín Sevilla.
En julio de 2016 es nombrado director de la fundación el abogado Luis Boyer Cantó. Resulta que Boyer fue director general de Comercio en la época de Joan Lerma, precisamente durante la etapa de Martín Sevilla en la Generalitat.
Y ya cuando comienza el juicio en 2018, con el socialista Boyer al frente de la Fundación CAM, ésta decide retirarse definitivamente de la causa, al no ver delito ni responsabilidad penal en el entramado creado para el cobro de estas retribuciones.
El tiempo ha acabado por quitarle la razón. Aunque muchas de las causas abiertas en torno a la caja de ahorros alicantina han acabado con sobreseimientos (como la de las preferentes, las dietas de la comisión de control o en el denominado "caso principal CAM"), las dietas ilegales del expresidente han sido las primeras con una condena en firme.
Y el resultado, aunque haya pasado bajo el radar, tiene sus implicaciones políticas: que el PSOE valenciano ya tiene a un exconseller, Martín Sevilla, condenado en firme por un delito de apropiación indebida agravada, con un año de prisión e inhabilitación durante ese periodo.