En el paraje natural de La Ofra menores neerlandeses se recuperan de sus adicciones y de su pasado conflictivo en un centro que durante dos décadas ha formado parte del ecosistema de Aspe y que se encuentra en el foco de una investigación por parte de la Conselleria de Servicios Sociales tras ser denunciado por aplicar castigos excesivos y ejercer "presión, coerción y represión" sobre los jóvenes.

El objetivo del centro Huize Soria es rehabilitar a menores con problemas de conducta a través del contacto con la naturaleza y los animales, la disciplina, la actividad física y los hábitos saludables para recuperar la autoestima en un enclave que nada tiene que ver con los barrios de donde son trasladados.

Un proyecto pionero en la provincia de Alicante por el que han pasado 265 menores en 20 años de historia.

Sin embargo, un informe encargado por las organizaciones asistenciales neerlandesas tras una primera investigación por parte de la televisión pública neerlandesa concluyó que en Huize Soria existía una "cultura represiva" con castigos, intimidación y duras jornadas de trabajo, como recogió EFE.

Entre las prácticas denunciadas por los jóvenes afectados hay castigos como "reducir la cantidad de comida, obligar a los jóvenes a permanecer sentados sobre un poste e intervenir físicamente para inmovilizarlos". Tampoco pueden mantener conversaciones privadas con sus familias o tutores y denuncian la presencia intimidatoria de un perro de seguridad, según las acusaciones.

Además, describen "jornadas de trabajo de seis horas" en las que realizaban tareas como retirar malas hierbas, cepillar caballos, cavar zanjas o plantar árboles, actividades que el centro presentaba como parte de su programa ocupacional.

Las denuncias alertaron a la Generalitat, que ordenó a través de la Conselleria de Servicios Sociales una investigación que ha revelado que la finca no consta como centro autorizado para la prestación de sus servicios, según ha podido conocer este diario.

Ante esta situación, se envió hace unos días al Servicio de Inspección para personarse en el lugar y comprobar sobre el terreno qué actividad se está realizando.

"El centro no cuenta con la preceptiva autorización de funcionamiento, lo que vulnera la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos. Por ello, se ha exigido el cese inmediato de la actividad", aseguran desde Conselleria.

A raíz de estos casos, numerosos organismos neerlandeses han retirado a jóvenes de ese centro en España por preocupaciones sobre la seguridad durante su estancia.

Un espacio social en Aspe

Sus estancias eran de aproximadamente entre uno y dos años, tiempo en el que supuestamente volvían a encontrarse con ellos mismos y a sentirse útiles gracias a la participación en actividades diversas, no solo entre ellos, sino como engranaje de colectivos sociales y educativos del pueblo de Aspe.

Los presuntos abusos han sido recibidos con sorpresa en el Ayuntamiento del municipio, que tenía en la finca Huize Soria un colaborador en actividades con asociaciones de personas con diversidad funcional y alumnos menores del IES Villa de Aspe, con los que los internos interactuaban y realizaban actividades.

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, señala a este medio que "no han tenido ningún problema en los últimos 20 años".

"Allí van personas con discapacidad, colegios y tienen desde hace mucho tiempo un programa de recuperación de aves. Desde el municipio hemos colaborado y no hemos tenido ningún problema", sostiene el regidor, quien reconoce que los únicos incidentes de los que han tenido constancia han sido "algún problema disciplinario o fuga".

La entidad también se ha defendido de las acusaciones. "Somos una organización cuyas puertas están abiertas de par en par, literal y figuradamente. De hecho, formamos parte integral de la sociedad local. Gente del pueblo viene a hacer deporte con nuestros jóvenes, recibimos grupos de alumnos y profesores, y colaboramos mucho con entidades locales", aseguran.

Y denuncian que la investigación periodística que los señaló "no hace en absoluto justicia al arduo trabajo de nuestros compañeros, que se dedican cada día a un grupo vulnerable de personas. El reportaje tampoco hace justicia a esas mismas personas".

Entre acusaciones cruzadas, la Conselleria ha descubierto que opera sin autorización por lo que tendrá que cerrar sus puertas, ya que en caso contrario "se le abrirá un expediente sancionador, además de la adopción de medidas legales", concluyen desde Servicios Sociales.