La consulta a los padres de los alumnos sobre la lengua vehicular en la Educación en el Comunitat Valenciana estaba prevista para el pasado 26 de noviembre. La riada consecuencia de la DANA del 29 de octubre en Valencia paralizó todos los planes. Luego, desde la Conselleria de Educción que dirige José Antonio Rovira se dijo que a finales de enero. Pero llegados a esa fecha, el Consell Jurídic Consultiu y la Abogacía de la Generalitat todavía no han emitido todavía los informes preceptivos.
Esta situación está provocando el malestar entre los dos sectores en liza, por un lado el de los nacionalistas, que están en contra de la consulta, donde se alinean los sindicatos, algunas asociaciones de profesores y padres e incluso alguna universidad; y de otro el sector de las organizaciones docentes y de padres castellanohablantes que han sufrido el menoscabo de sus derechos fundamentales con la Ley de Plurilingüismo del Botánico de Ximo Puig.
La Ley de Libertad Educativa del Gobierno de Carlos Mazón se ha situado en un punto intermedio entre estos dos sectores sociales de la Comunitat Valenciana con posturas aparentemente irreconciliables. Y es que como ya informó este diario, la lengua base (con más peso en la enseñanza), se determinará en cada centro y para cada unidad en función de la elección de las familias. Para ello, la Generalitat establece en una tabla, después de la consulta, el número de clases que habrá de cada una de las lenguas cooficiales en función del resultado de la votación de los padres y madres.
Ayer, según recogía Europa Press, la asociación Famílies pel Valencià, criticó que la Generalitat no haya puesto fecha a las pruebas y acusó a la Conselleria de despreciar "a las familias, que se encuentran en una incertidumbre absoluta de cara al próximo curso".
Según esta asociación, ya llevan más de 200 actos informativos en los que esgrimen que la consulta "no se tendría que realizar" en función de lo expresado por expertos, 20 Consejos Escolares Municipales valencianos, los sindicatos mayoritarios en enseñanza, de Fampa, de entidades por la lengua, la Diputación de Valencia, las universidades o de las más de 7.000 familias que se han adherido a su manifiesto.
Por otro lado, la asociación Escuela de Todos que engloba a los castellanohablantes, también manifiesta sus críticas a una consulta que consideran no se va a realizar en un clima de libertad con buena parte del profesorado y direcciones de centros que se hallan "en la órbita del adoctrinamiento del nacionalismo" y que "tiene en el valenciano el único instrumento que les ha dado una plaza en la Educación".