La batalla judicial por el suelo de una de las ciudades con más demanda inmobiliaria en España da el salto al Tribunal Constitucional. Este inadmite el recurso de amparo del Ayuntamiento de Benidorm por la sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que imponía una multa de 283 millones más intereses. El alcalde Toni Pérez destaca que los técnicos municipales están estudiando cuál será la respuesta: "Haremos todo lo posible para resolverlo".
Pérez explica que el documento de "tres líneas" recibido este martes se está evaluando y no da por cerrada la vía judicial hasta que los técnicos se pronuncien. La multa que se elevaría en total a los 350 millones aproximadamente supondría, de confirmarse, un hito histórico por su volumen.
El alcalde insiste en que su objetivo es abordar la situación "sin tocar los tipos impositivos y sin limitar los servicios", apostando por mantener la calidad de vida de los vecinos. Eso en el caso, cada vez más cercano, de que se tuviera que afrontar el pago de una cantidad que dobla el presupuesto anual de la capital turística de la Comunitat Valenciana.
En este encuentro ante los medios, Pérez recuerda que el origen está en una serie de convenios firmados en 2004, antes de que en 2005 se constituyera oficialmente el parque natural, por el entonces alcalde del PP Vicent Pérez Devesa. Según explica Pérez, lo que inicialmente eran convenios por aprovechamientos urbanísticos se transformó posteriormente en una "reclamación dineraria imposible de atender".
Pérez defiende la gestión de su equipo desde que entró en 2015 subrayando que "lo que hace un alcalde es poner en conocimiento de los técnicos jurídicos y económicos esa demanda".
En este sentido, recalca que los tribunales de lo contencioso en Alicante dieron inicialmente la razón a Benidorm, hasta que llegó la sentencia del TSJ que validó la indemnización económica que pedían los propietarios, a través de las empresas Murcia Puchades Expansión y Urban Villajoyosa 2000.
"Como político, no he hecho nunca nada que no estuviera avalado por los técnicos", afirma tajante. Pérez insiste en que ir a favor del criterio técnico es cumplir la ley, mientras que actuar de otro modo "se llama prevaricar".
"Ni intervención ni ruina"
Respecto a los siguientes pasos, el alcalde recalca que los servicios municipales estudian si cabe un recurso ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días hábiles. "Los técnicos jurídicos están analizando el alcance y consecuencias de ese fallo" para trasladar una propuesta legal a la corporación.
A pesar de la magnitud de la cifra, que supera los 350 millones de euros, Pérez descarta escenarios de quiebra. "Ni la intervención ni la ruina", subraya. Y ahí recuerda que ya gestionó la deuda de 95 millones que se encontró del gobierno municipal socialista de Agustín Navarro en 2015 hasta dejarla en cero en 2022.
La defensa de la postura municipal de los suelos de un parque natural le permite destacar que "estamos protegiendo también el planeta; la sostenibilidad cuesta mucho". Y ahí valora los atractivos que tiene esta sierra que rodea la ciudad permitiendo que tenga el clima privilegiado que la ha hecho famosa.
Finalmente, Toni Pérez reafirma su confianza en la justicia y en la capacidad de la ciudad para superar este "revés brutal". "Benidorm acatará lo que diga un juez", concluye, subrayando que actuará siempre bajo el amparo de los informes técnicos firmados.