Dos mandos de la Policía Local de Villajoyosa, Miguel Ángel Palacios Galván y Benjamín García López, han demandado por la vía civil al responsable de Protección Civil del municipio, Sergio Lloret García, al que reclaman una indemnización total de 6.000 euros (3.000 euros para cada uno) por una supuesta vulneración de su honor a raíz de varias acusaciones difundidas en redes sociales y medios de comunicación, como EL ESPAÑOL De Alicante.
La demanda ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia de Villajoyosa, que ha citado a las partes a un acto de conciliación el 11 de febrero de 2026 a las 10.00 horas en la Sala Multiusos 04 del Palacio de Justicia de la localidad. Días después de que se produjeran las revelaciones en este diario dimitió el jefe de Protección Civil de la localidad.
El enfrentamiento judicial tiene su antecedente en el escrito registrado el 4 de agosto de 2025 por el entonces representante del voluntariado de Protección Civil, Sergio Lloret, en el Ayuntamiento de Villajoyosa, en el que denunciaba el trato que, a su juicio, dispensaba el inspector Miguel Ángel Palacios al colectivo de voluntarios. En ese documento, presentado tras los incidentes de la madrugada del 28 de julio durante el Desembarco, Lloret hablaba de “trato déspota” y “falta de respeto” por parte del mando policial, así como de continuas prohibiciones para realizar servicios y de la retirada de la emisora de comunicaciones asignada al grupo.
Las quejas de los voluntarios, canalizadas a través de ese escrito, apuntaban también a que el clima interno había generado tal malestar que parte del equipo se negaba a seguir prestando servicios en los dispositivos de seguridad locales. El texto fue remitido al alcalde, Marcos Zaragoza, a quien se pedía que actuara para resolver el conflicto y que valorara posibles responsabilidades disciplinarias por vulneración de los principios de respeto y consideración hacia el personal voluntario.
Nuevamente, el ambiente estas Navidades se ha enrarecido entre ambos cuerpos. La Policía considera que determinadas funciones son suyas y se las están atribuyendo a los voluntarios. Y los voluntarios, por su parte, no están dispuestos a aceptar órdenes de los mandos policiales que les faltan al respeto.
De las quejas internas a los medios
El contenido del escrito de los voluntarios trascendió poco después a redes sociales y medios de comunicación, lo que dio proyección pública al enfrentamiento entre Protección Civil y la Policía Local. Diversas plataformas vecinales y cabeceras digitales se hicieron eco de las acusaciones de maltrato verbal, amenazas de sanción y falta de respeto hacia los voluntarios, citando expresiones como “trato déspota” o “falta de respeto hacia los voluntarios”.
Entre esas informaciones se encuentra un reportaje publicado en agosto de 2025 por El ESPAÑOL que relataba el malestar por la gestión de la seguridad en Villajoyosa y detallaba el contenido del escrito registrado por los representantes de Protección Civil, incluyendo las críticas al inspector Miguel Ángel Palacios. El artículo recordaba además que el conflicto se producía en un contexto de tensión en el área de Seguridad, donde ya había abiertas otras controversias en torno a la organización de la Policía Local.
A raíz de esa difusión pública, Palacios y García interpusieron una demanda de conciliación civil por vulneración del derecho al honor contra Sergio Lloret, a quien consideran responsable de las manifestaciones que les señalan como mandos autoritarios, despectivos y amenazantes. En el escrito presentado ante el Juzgado, los agentes sostienen que las expresiones utilizadas han dañado su imagen personal, profesional y económica, al atribuirles comportamientos que podrían constituir incluso infracciones disciplinarias según la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los policías destacan que las acusaciones se habrían difundido ampliamente en redes sociales, medios de comunicación y colectivos vecinales, lo que, a su juicio, ha deteriorado su reputación dentro y fuera del cuerpo. Por ello reclaman que el voluntario se retracte públicamente “de la misma forma y ante los mismos medios” de las manifestaciones que consideran calumniosas o injuriosas, y que asuma el pago de una indemnización de 3.000 euros para cada uno de ellos en concepto de daños y perjuicios.
En la parte dispositiva de la demanda, los agentes solicitan tres medidas principales: una retractación pública, el compromiso de que no se reiterarán en el futuro las acusaciones contra ellos y la asunción de responsabilidad por los daños causados. De forma prudencial, cifran esos perjuicios económicos en 3.000 euros para el inspector Miguel Ángel Palacios y otros 3.000 euros para el oficial Benjamín García, cantidades que podrían reclamarse en un eventual procedimiento posterior si no hubiera acuerdo en la conciliación.
Además, advierten de que, si el mando de Protección Civil no comparece al acto de conciliación o no acepta una avenencia, se reservarán el ejercicio de “cuantas acciones judiciales” consideren oportunas para defender su honor. En paralelo, subrayan que hasta el momento no habían tenido conflictos personales con Lloret y que las acusaciones difundidas han producido sorpresa y preocupación en su entorno profesional.
Funciones impropias
El Grupo Vecinal Villajoyosa ha denunciado en redes sociales que el Ayuntamiento de Villajoyosa ha utilizado estas Navidades a los voluntarios de Protección Civil para cortar calles y dirigir el tráfico en lugar de a la Policía Local, lo que considera una práctica contraria a la ley. Se trata de funciones como desviar vehículos, cerrar vías y regular pasos de peatones durante eventos y cortes de calle. A su juicio, estas tareas suponen “dirigir el tráfico” de facto, pese a que los voluntarios no son agentes de la autoridad ni disponen de la preparación ni de las facultades sancionadoras propias de la Policía Local.
La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano es una función propia y exclusiva de los cuerpos de Policía Local. Esta competencia se enmarca también en la legislación de tráfico y seguridad vial, que atribuye a los agentes municipales la vigilancia del cumplimiento de las normas, la denuncia de infracciones y la potestad sancionadora. En paralelo, la normativa de voluntariado y de Protección Civil define a los voluntarios como personal de apoyo en emergencias y dispositivos preventivos, pero aclara que no tienen la condición de autoridad ni pueden asumir de forma ordinaria funciones reservadas a los cuerpos policiales.
En 2012 el diario Levante ya informó de una polémica similar en la que el Ayuntamiento de la Vila Joiosa utilizaba a voluntarios de Protección Civil para dirigir el tráfico, una tarea reservada legalmente a la Policía Local. En aquella ocasión, sindicatos y representantes policiales denunciaron que se estaba recurriendo a personal voluntario sin la formación ni la habilitación de agentes de la autoridad para ordenar la circulación en actos y cortes de calle, lo que podía vulnerar la normativa de tráfico y generar inseguridad jurídica tanto para los propios voluntarios como para los conductores.