El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante, encargado del conocido como caso enchufes por las presuntas irregularidades en la contratación de personal en el Ayuntamiento de Benidorm entre finales de 2009 y 2012, ha resuelto este martes las cuestiones previas planteadas por las defensas.
Según informa Efe, la sala ha decidido anular todas las diligencias realizadas a partir del 6 de diciembre de 2017.
Según el criterio de los magistrados, el auto judicial que prorrogó la instrucción tras esa fecha —a solicitud de la Fiscalía— se dictó una vez expirado el plazo legal para hacerlo.
Esta decisión implica, en la práctica, la absolución de cinco de los ocho acusados, entre ellos la exconcejal socialista Natalia Guijarro y cuatro técnicos del consistorio, según fuentes jurídicas.
De este modo, el juicio continuará únicamente contra el también exedil socialista Juan Ramón Martínez, el coordinador del área de Recursos Humanos y la funcionaria responsable del mismo departamento.
Además, el tribunal ha aceptado otra de las peticiones de las defensas y ha dictaminado que el sindicato SPPL —que presentó la denuncia inicial— no podrá seguir ejerciendo la acusación particular, aunque sí podría mantener su presencia en el proceso mediante la acción popular, lo que requiere la presentación de fianza.
Estas resoluciones, no obstante, son susceptibles de recurso una vez finalizado el juicio y dictada la sentencia correspondiente, tal como han recordado las mismas fuentes.
Resueltas las cuestiones previas, el proceso judicial seguirá adelante en una fecha aún por determinar con la comparecencia de testigos, peritos y acusados.
La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de empleados municipales que habrían vulnerado las restricciones impuestas por el Gobierno sobre la ampliación de plantillas públicas en esos años.
La Fiscalía solicitaba inicialmente para los ocho procesados penas de hasta seis años y medio de prisión y quince años y medio de inhabilitación.
Les atribuía delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, al considerar que aprobaron una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que superaba los límites legales de contratación (conocidos como tasa de reposición).
Además, sostenía que se incrementaron los complementos salariales de los empleados, generando un aumento indebido de la masa salarial municipal.
Según la acusación pública, esa actuación permitió la tramitación de 130 contratos temporales y la mejora de las condiciones de 43 trabajadores, lo que supuso un gasto adicional de aproximadamente 4,5 millones de euros, de acuerdo con las denuncias presentadas por el sindicato SPPL.