"El expediente es inmaculado. No hay ningún tipo de cosa rara. Hemos tenido la oportunidad de expresarnos delante del juez y nada, tranquilidad, vamos a esperar a ver qué qué nos dice su señoría y y nada más que declarar". Con estas palabras zanjó ayer el alcalde popular de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, su declaración como investigado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la localidad, incoadas por un presunto delito de prevaricación y que afectan también al jefe de recursos humanos del Ayuntamiento.
El caso, del que no se tenían más detalles, va aclarándose poco a poco. Tuvo su origen en una denuncia de un agente de la Policía Local y también del Grupo vecinal Villajoyosa, que ha intentado personarse en el caso sin éxito. Ambas denuncias fueron recogidas por la Fiscalía que lo ha elevado a los juzgados.
Al parecer, todo empezó tras la exclusión de un proceso de promoción interna del Ayuntamiento de una funcionaria, MCM, procuradora de profesión y auxiliar administrativa en el consistorio, y que hasta hace unos años ejercía labores de asesoramiento en la Policía Local sobre violencia de género, seguimiento de convenios, relaciones con los juzgados, desokupaciones.
Aprobó la oposición de inspectora, se le dieron los galones y se le excluyó del proceso con la excusa de no tener el carné A2 cuando se inició el proceso, aunque lo tenía cuando se terminó. Eso fue en el anterior mandato del socialista Andrés Verdú. A partir de ahí llegaron los nombramientos de Marcos Zaragoza.
Como ha venido informando este diario, los tribunales determinaron que sí cumplió con el plazo, ya que presentó el carné tres días después de aprobar el examen y antes del final de instancias. En contraste, se nombró a inspector a otro candidato y a un aspirante que había suspendido la prueba.
El Juzgado Contencioso Administrativo de Alicante dictaminó que la exclusión de la funcionaria fue improcedente y extemporánea, y que la administración actuó contra los principios de buena fe y confianza legítima.
Los tribunales avalaron los derechos de la aspirante excluida, denunciando defectos de forma y falta de transparencia por parte del Ayuntamiento, ordenando que se le reponga en la plaza que le corresponde.
Respecto al policía que suspendió, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ratificó que el argumento de nulidad del examen por parte del aspirante excluido no tenía fundamento, ya que solo lo planteó después de conocer que había suspendido.
Desde entonces, afirman varias fuentes, no han dejado de producirse irregularidades en los nombramientos de los mandos, casi todos en funciones y sin plaza en propiedad. Además de que no pueden nombrarse más mandos que los establecidos por ley dependiendo del número de oficiales inferiores.