El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) publicaba ayer una nueva resolución de Alcaldía de Villajoyosa, con fecha de 7 de agosto, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Intendente de la Policía Local, por el turno de promoción interna ordinaria.
Se da la circunstancia de que el próximo día 15 de septiembre están llamados a declarar en calidad de investigados el alcalde, Marcos Zaragoza, el jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento -Anselmo Ballester, recientemente cesado y recolocado en Responsabilidad Patrimonial-, así como un agente, en calidad de testigo.Por un supuesto delito de prevaricación en relación a la designación de cargos de la Policía Local, tras una denuncia de Fiscalía.
Como ha venido informando este diario, los líos en la provisión de plazas de los mandos de la Policía Local de Villajoyosa se suceden. Sobre todo, porque actualmente la mayoría están ejerciendo el cargo de forma interina ya que no tienen plaza consolidada: el comisario está en funciones, los dos intendentes están en funciones y los dos inspectores igualmente.
Esta circunstancia choca con lo que establece la ley y la jurisprudencia, tras una sentencia del contencioso-administrativo. Concretamente, el artículo 38.4 de la Ley 17/2017, de la Generalitat, de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana lo regula.
La norma cita que “cuando se trate de la categoría máxima existente en la plantilla, además de cumplir alguno de los requisitos anteriores, tendrán que existir, al menos, dos plazas cubiertas de la categoría inferior por cada una de la categoría superior”. Así, para cubrir una plaza de Intendente deben existir al menos dos plazas cubiertas de la categoría inferior, es decir, dos plazas de Inspector. Algo que no se está produciendo. Para dos intendentes se necesitan cuatro de inspector.
Precisamente, el proceso para la adjudicación de una plaza de inspector a un agente llegado desde la comisaría madrileña de Nuevo Baztán, terminó en una profunda crisis dentro del cuerpo de seguridad vilero, con acusaciones de acoso laboral y revelación de secretos, que condujo a que finalmente el inspector se marchase de nuevo a Madrid (como excedencia) mientras se aclaran las denuncias cruzadas.
También, está pendiente de que se resuelva el caso de una funcionaria que aprobó las oposiciones a inspector a la cual no se le permitió acceder al puesto, por no contar con el permiso de conducir (que subsanó dentro del proceso) cuyo caso ha sido avalado por sentencias del Contencioso-Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Además, hay otros problemas como que se cubra una plaza de intendente de la Policía Local amortizando una plaza de bibliotecario, como sucedió el día 19 del pasado mes de mayo. Un hecho que ha sido recurrido en el contencioso-administrativo.