El vicealcalde del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, ha negado en el Pleno extraordinario de este jueves conocer la adjudicación de viviendas del Residencial Les Naus a familiares de la exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos María Pérez-Hickman desde 2022 y ha descartado dimitir.
La oposición acusaba a Villar de ser cómplice del engaño a raíz de las declaraciones en el juzgado de Pérez-Hickman, quien aseguró que en 2022 informó al entonces jefe de Contratación de que sus hijos y un sobrino habían recibido viviendas protegidas en Playa de San Juan.
Villar ha defendido su gestión asegurando que desconocía los hechos en el momento en que ocurrieron y que no existían subordinaciones directas que exigieran su intervención.
"Ni tengo constancia ni he tenido conocimiento alguno de que se me facilitase esa información, pero ni yo ni el entonces jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante, con el que he hablado estos días y me ha confirmado que para él tampoco ha existido esa conversación", ha declarado el vicealcalde.
Ante las preguntas presentadas conjuntamente por los grupos municipales del PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem en relación con si conocía estos hechos y si Villar informó al alcalde, Luis Barcala, de aquella situación y qué decisiones se tomaron posteriormente para garantizar la legalidad del proceso, el vicealcalde ha vuelto a negar su implicación.
"Como no era conocedor, no analicé ningún posible conflicto de intereses. Y es que además, en el caso de haberse planteado esta cuestión, ni siquiera me habría correspondido a mí hacerlo", ha añadido.
Si bien ha reconocido que quizás deberían haber aumentado las medidas de transparencia "visto lo visto" y ha anunciado el refuerzo de medidas de control.
El Pleno ha tenido como único punto en el orden del día la solicitud de comparecencia de Villar en relación con las informaciones conocidas sobre su posible conocimiento de la polémica adjudicación de las viviendas.
El propio Villar presidió la comisión municipal creada para investigar el caso que provocó la dimisión de Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, y de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna y exjefa del servicio de Contratación.
Asimismo, ha explicado que Pérez-Hickman conserva su puesto por derecho de función pública y que las medidas de control se ajustaron a la legalidad vigente.
La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante investiga a 15 personas en relación con estos hechos.