El Sindicato de Barri de Carolines y de Zona Nord denuncian un nuevo desahucio en Alicante. Una mujer y sus tres hijos menores, de 17, 15 y 8 años, afrontan el próximo jueves 8 de octubre a las 8:00 horas el desalojo de su vivienda en la calle Ágata, que está siendo ofertada a inversores británicos a los que ofrecen hasta dos noches de hotel para visitarlo.
Los sindicatos, organizadores de la acampada en la plaza de la Montañeta en forma de protesta continuada contra los últimos decretos estatales en materia de vivienda, explican que el piso donde reside la familia desde 2014 se publicita como una excelente oportunidad para inversores por 88.000 euros.
Según los sindicatos, la vivienda estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell. Posteriormente, el activo habría pasado a Promontoria, vinculada al fondo Cerberus, y el contrato no habría sido renovado. Tras ello se inició el procedimiento de desahucio mientras la vivienda continuaba habitada.
Así, aseguran que la inmobiliaria ofrece además dos noches de hotel gratuitas a potenciales compradores que visiten propiedades con la agencia.
"En esta misma calle se encuentra otra propiedad de VR Casas anunciada como una 'excelente oportunidad para inversores'", lamentan en un comunicado.
El caso se enmarca en "una problemática de encarecimiento del precio de la vivienda en la zona norte por la actividad especulativa de este tipo de empresas, promovida y protegida por el propio gobierno de Barcala", añaden en el escrito.
Los colectivos de vivienda han denunciado en varias ocasiones los procesos de desahucio de familias que ocupaban viviendas procedentes del Banco Sabadell, posteriormente adquiridas por sociedades vinculadas a fondos de inversión como Cerberus y Promontoria, ante lo que consideran una "inacción del gobierno local y estatal".
Con todo, y en medio de la tormenta política sobre la vivienda, exigen la paralización de este lanzamiento en virtud de la aplicación del decreto aprobado este 6 de octubre en el Consejo de Ministros al poseer la familia certificado de vulnerabilidad, tratarse la propiedad de una persona jurídica, no existir alternativa habitacional y presentar ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), indican.
De no ser así, anuncian una gran movilización para impedir este desahucio, y comunican que no tolerarán "que las administraciones prioricen los intereses de especuladores antes que la dignidad de las familias de la ciudad".