Las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de la playa de San Juan han dado un salto muy llamativo este jueves. La comisión de investigación en las Cortes Valencianas ha convocado al exedil de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Toni Gallego, y este ha admitido que tenía conocimiento de que la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, poseía un inmueble en dicha promoción desde hace un año.
Gallego ha revelado ante la comisión que supo de esta circunstancia en julio de 2024, apenas unos instantes antes de que comenzara una sesión plenaria municipal. Según su testimonio que recoge Efe, fue la propia Rocío Gómez quien se lo comentó personalmente en ese momento de extrema proximidad al debate.
El motivo de esta revelación fue una petición directa de Gómez. La entonces concejala de Urbanismo solicitó a Gallego que fuera él quien respondiera en su lugar a una pregunta formulada por la oposición que versaba, precisamente, sobre el residencial de Les Naus.
Durante ese breve encuentro, Gómez intentó tranquilizar a su compañero de filas. Gallego ha indicado que ella le aseguró que "era todo legal" y que su vinculación con la cooperativa de viviendas era previa a su entrada en la actividad política. En un momento posterior de la intervención de este jueves, el concejal asegura que no comunicó nada de esto a ningún otro miembro del equipo de Gobierno del Partido Popular.
Esta confesión pone el foco en lo ocurrido en el pleno de julio de 2024, recogido en las actas municipales. En aquella sesión, el concejal del Grupo Compromís, Rafa Mas, registró una pregunta dirigida a la alcaldía sobre cuál había sido el "proceso de adjudicación para la ciudadanía de las 133 viviendas" construidas en el solar municipal de la avenida Historiador Vicente Ramos.
La parcela en cuestión, perteneciente al Patrimonio Municipal del Suelo, había sido subastada por un precio de 6.673.574 euros y adjudicada a la cooperativa Residencial Les Naus bajo un modelo de colaboración público-privada.
En su respuesta oficial de aquel entonces, que ahora se sabe fue delegada por Gómez ante el conflicto de interés oculto, Gallego defendió que el Ayuntamiento "no tiene competencias en la adjudicación de viviendas". El edil afirmó ante el pleno que la labor municipal terminaba con la venta de la parcela y que el proceso de adjudicación recaía en el Instituto Valenciano de Vivienda conforme a la normativa vigente.
Gallego subrayó en 2024 que los cooperativistas que cumplieran las condiciones tendrían "primer acceso" a las viviendas, asegurando en todo momento que se debía cumplir la "legalidad vigente" en la promoción. Sin embargo, la revelación de este jueves confirma que, mientras ofrecía estas explicaciones, el equipo de gobierno ya conocía que una de sus integrantes formaba parte de esa lista de beneficiarios.
La comparecencia de Toni Gallego ha provocado una reacción inmediata y contundente por parte de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, que consideran confirmadas sus sospechas de encubrimiento.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha solicitado a través de un comunicado la "dimisión inmediata" del alcalde Luis Barcala. Mas sostiene que las informaciones conocidas esta tarde "corroboran que el equipo de gobierno sabía que Rocío Gómez era cooperativista" desde el momento en que su grupo empezó a exigir transparencia. "Si Barcala no presenta mañana mismo su dimisión, trasladaremos esta petición al próximo pleno", ha advertido el portavoz.
La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha anunciado que registrará este viernes a primera hora un escrito exigiendo la comparecencia urgente de Barcala en la comisión municipal que investiga el caso. Para Barceló, la admisión de Gallego demuestra que el alcalde "ha estado mintiendo" y que conocía la situación desde julio.
La líder socialista ha ido más allá, sugiriendo que la "hoja de ruta" de Barcala para retirar las competencias de Patrimonio a Rocío Gómez y entregárselas a Gallego precisamente en julio de 2024 fue una maniobra deliberada al conocer el escándalo. Barceló ha concluido afirmando que, tras estas revelaciones, el alcalde "no tendrá otra salida que dimitir" por lo que califica como un "supuesto encubrimiento" en la adjudicación de pisos a cargos del PP.