El escándalo por las viviendas de VPP de Les Naus, en la zona de Condomina, playa de San Juan de Alicante, suma nuevos nombres con vínculos en el entorno socialista. Entre los adjudicatarios figura Sira Pérez Ortuño, actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant y exalta funcionaria de la Generalitat, junto al abogado de la cooperativa que promovió el residencial, hijo de un histórico concejal del PSOE cuya pareja también disfruta de uno de los pisos, Conrado Albadalejo, hijo de un exconcejal socialista.
Pérez Ortuño, habilitada nacional, aparece como propietaria de una vivienda de VPP en el residencial Les Naus, formalizada por adjudicación y escrituras. Su nombre no es ajeno a la estructura del antiguo Consell del Botánico: desde 2019 y hasta 2025 desempeñó el cargo de interventora delegada en los servicios territoriales de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en Alicante, bajo los gobiernos presididos por Ximo Puig (PSOE‑Compromís‑Podemos), una responsabilidad incluida en el organigrama oficial del departamento que encabezaba Arcadi España.
Esa etapa en la cúpula técnico‑económica de la Generalitat socialista coincide plenamente con la fase clave de gestación y desarrollo de la cooperativa que acabaría gestionando las viviendas de Les Naus.
Después de una primera etapa en el consistorio como tesorera municipal, se reincorporó al mismo puesto en octubre de 2025, tras cesar en la Generalitat, en un acto oficial celebrado en la Alcaldía y difundido por el propio Ayuntamiento en sus redes sociales.
Esa vuelta al municipio se produjo después de que se escriturara su vivienda protegida en Les Naus, lo que ha reavivado el debate político sobre la presencia de altos funcionarios y cargos de confianza en una promoción pensada para hogares con dificultades de acceso al mercado libre.
Los primeros socios comenzaron a inscribirse a partir de 2018, cuando la entidad promotora de la cooperativa abrió su lista de adhesiones para optar a la parcela municipal de la Condomina y financiar la construcción mediante cuotas de participación. El grueso de las incorporaciones se produjo precisamente en esos años finales del primer mandato y comienzos del segundo de Ximo Puig.
En ese ecosistema aparece también el abogado de la cooperativa, letrado de confianza de la entidad gestora de Les Naus y, al mismo tiempo, hijo de un concejal socialista que formó parte del Ayuntamiento de Alicante en los años noventa. El profesional, sin militancia orgánica conocida y sin cargo público, ha sido una de las piezas clave en la defensa jurídica de la promoción.
Conrado Albadalejo pilotó el recurso contencioso que permitió a la cooperativa revertir en los tribunales la decisión municipal de paralizar el concurso y obtuvo una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que reactivó la adjudicación del suelo. Su pareja figura también como adjudicataria de otro de los pisos protegidos de la urbanización.
El patrón que dibujan estos episodios converge en el mismo punto: la combinación de una normativa flexible, aprobada bajo los gobiernos de Ximo Puig, que elevó el límite de ingresos para acceder a VPP y descansaba en gran medida en la declaración responsable de los compradores, con una red de decisiones técnicas y jurídicas tomadas por personas insertas en estructuras.
La inscripción de cooperativistas a partir de 2018, la consolidación de la cooperativa como única interlocutora para asignar las viviendas y la ausencia de controles automáticos sobre el nivel de renta permitieron que perfiles con sueldos altos, cargos de confianza y allegados de responsables políticos se hicieran con pisos protegidos en una de las zonas más cotizadas de Alicante.
Mientras el Ayuntamiento de Alicante insiste en que su papel se limitó a licitar el suelo y tramitar las licencias, las miradas se dirigen ahora a la Generalitat y al entramado de cooperativas y despachos que operaron bajo el paraguas del Botánico de Puig. La Fiscalía y un juzgado de Instrucción investigan ya el reparto de viviendas, al tiempo que la Conselleria de Vivienda del actual Consell ha abierto expedientes disciplinarios y se plantea revisar con lupa los visados concedidos en la etapa anterior, para determinar si la presencia de funcionarios, familiares de cargos y profesionales conectados con el PSOE en una promoción de vivienda protegida fue el resultado de un sistema mal diseñado o de un uso interesado de ese sistema por parte de quienes mejor lo conocían.