El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP) ha recordado de nuevo este martes que carece de cualquier responsabilidad directa en el reparto de las viviendas protegidas de la cooperativa Residencial Les Naus, en la Condomina, al asegurar que ni él ni el Ayuntamiento han adjudicado esos pisos y que "se está investigando a quien lo hizo, la cooperativa", cuyos gestores y el procedimiento seguido para captar socios y asignar las VPP han quedado ya bajo la lupa judicial y administrativa.

El origen del escándalo estalló cuando se supo que entre los adjudicatarios de las VPP de Les Naus figuraban la entonces concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, que acabó dimitiendo tras trascender que era propietaria de uno de los pisos de la promoción; la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez‑Hickman, cuyos dos hijos resultaron adjudicatarios de sendas viviendas y que también renunció a su cargo político.

Tambiénlos arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret, del área de Urbanismo, que aparecen igualmente vinculados a la cooperativa y sobre los que se han abierto expedientes internos para aclarar si existió conflicto de intereses en la tramitación del suelo y de la licencia vinculados a Les Naus.

Barcala ha enmarcado su comparecencia en el compromiso de actuar con "contundencia, celeridad y máxima transparencia" y anunció que el Ayuntamiento ya ha designado al vicealcalde, Manuel Villar, como presidente de la comisión de investigación sobre Les Naus y al concejal de Urbanismo, Toño Peral, como vocal por parte del grupo popular, con el objetivo de constituirla "en el más breve plazo posible" y con todos los informes de Patrimonio, Urbanismo, Contratación, Recursos Humanos e Informática sobre la mesa.

En paralelo, detalló que hay abiertos dos expedientes a dos arquitectos municipales, otro sobre la gestión de contratos y un informe específico sobre el manejo de la información interna relacionada con la promoción.

El Ayuntamiento no adjudicó

El alcalde subrayó que la intervención municipal se limitó a "sacar a licitación la disponibilidad de un suelo público" para una promoción de VPP y a tramitar "como cualquier otra" la licencia de obras, mientras que la captación de cooperativistas, la comprobación de requisitos y la adjudicación final recayeron "en exclusiva" en la gestora de la cooperativa y en la Conselleria de Vivienda, encargada del visado de las condiciones de los compradores.

Recordó, además, que al menos un funcionario de la dirección territorial de Vivienda ha sido ya suspendido de empleo y sueldo tras detectarse posibles irregularidades en ese visado, extremo que ahora instruye el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que ha asumido todas las denuncias presentadas y concentra la causa penal.

Barcala insistió en que el Consistorio ha reaccionado con una "cadena" de decisiones: la apertura de un expediente de averiguación de hechos, la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, la dimisión inmediata de la concejal de Urbanismo, la renuncia de Pérez‑Hickman como directora general, los expedientes informativos a técnicos de Urbanismo, la celebración de un pleno extraordinario monográfico y el apoyo a la comisión de investigación municipal.

A esa batería añadió la inminente firma de un convenio con la Generalitat para ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas que puedan salir a la venta y el compromiso de promover la nulidad de las compraventas que se demuestre que se han realizado "en fraude de ley".

En esa línea, el regidor anunció un operativo específico con la Policía Local para comprobar que las viviendas están realmente habitadas por quienes figuran empadronados, después de que la Conselleria de Vivienda haya reclamado la relación completa de ocupantes.

Estadística ya ha remitido la certificación con todos los empadronamientos y ahora el dispositivo policial verificará sobre el terreno si quienes constan en el padrón residen efectivamente en los pisos y qué viviendas podrían estar vacías, siguiendo protocolos similares a los que se aplican en certificados de convivencia o fe de vida.

El alcalde aprovechó para reiterar que el objetivo del equipo de gobierno sigue siendo impulsar vivienda protegida -"más de 6.000 viviendas en la ciudad, con al menos un 30% de protección pública", señaló- y advirtió de que el escándalo de Les Naus "no puede manchar" esa política ni poner en cuestión la necesidad real de vivienda asequible en Alicante.

Se comprometió a reforzar los mecanismos de control en todas las promociones con participación pública, incluidas las de promoción estrictamente municipal, donde el Patronato de la Vivienda revisará la documentación de los procesos de selección ya realizados y de los nuevos pliegos, como los de la calle Ceuta.

Barcala también avanzó que se revisarán los pliegos de la subasta de viviendas municipales para introducir "refuerzos" en el sistema de baremación técnica y estudiar fórmulas como fijar requisitos generales mínimos y recurrir a un sorteo público entre los candidatos que los cumplan. Defendió, no obstante, el trabajo de los técnicos municipales y se mostró dispuesto a hacer pública toda la baremación para que se conozcan los criterios aplicados en cada caso, en nombre de una "transparencia máxima".

Dos renuncias voluntarias

En cuanto a la situación de los adjudicatarios, el alcalde reveló que ya se han producido dos renuncias expresas a viviendas de Les Naus, de personas que no han aparecido en los medios ni figuran como cargos públicos. Lo consideró una "noticia importante" porque, a su juicio, demuestra que el mensaje de que "no va a quedar impune absolutamente ninguna conducta irregular" está calando.

En este punto, hizo un llamamiento a que cualquier beneficiario que tenga dudas sobre si cumplía los requisitos "renuncie y entregue la vivienda" antes de enfrentarse a eventuales responsabilidades penales o administrativas.

Sobre la exconcejal Rocío Gómez y el resto de cargos y empleados municipales salpicados, Barcala evitó pronunciarse sobre si debieron o no acceder a una vivienda protegida y se refugió en que esos extremos están "sub iudice" y forman parte de la investigación en marcha.

Recordó que todos los concejales tienen la obligación legal de actualizar sus declaraciones de bienes cuando se producen cambios sustanciales, un recordatorio que se ha hecho extensivo ahora a todo el equipo de gobierno y a los cargos de confianza.

El alcalde, visiblemente molesto por la "alarma social" generada, dijo sentirse "tan escandalizado como el que más" y aseguró que será "el primero" interesado en que se depuren responsabilidades "caiga quien caiga". Confiado en la labor del Juzgado de Instrucción 5 y de la comisión de investigación municipal, defendió que todas las medidas adoptadas servirán para que, en el futuro, los controles sobre la vivienda protegida sean "mucho más exhaustivos y eficaces" y para que "un escándalo como este no pueda volver a producirse" en Alicante.