El escándalo de las viviendas de protección pública de Alicante sigue escalando. Este martes se ha hecho público que Fiscalía ha enviado a los tribunales las actuaciones que ha ido haciendo. La jueza tendrá que decidir si abre el juicio o archiva el caso.
Será la titular de la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante la que tendrá que trabajar con esta documentación sobre la adjudicación de estos pisos en la promoción Les Naus en la Playa de San Juan.
Según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Fiscal, Fiscalía ha decidido remitir al juzgado las diligencias de investigación al no poder seguir con el procedimiento, puesto que hay una causa judicial abierta.
Esta es la nueva etapa de un caso en el que la semana pasada esta jueza había abierto las diligencias previas para investigar esta adjudicación de viviendas.
La magistrada adoptó esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Este escrito lo han presentado el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas. Entre ellas está la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez, la exdirectora general María Pérez-Hickman y otros empleados municipales.
La instructora ordenó entonces recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución. El objetivo es unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal.
A raíz de este requerimiento, la fiscalía ha mandado al juzgado las diligencias preliminares que tenía abiertas relacionadas con este asunto de viviendas a raíz de varias denuncias interpuestas.
El caso se originó tras conocerse que la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y dos hijos de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como el arquitecto municipal Francisco Nieto, estaban entre los adjudicatarios de VPP.
En esa lista de nombres también aparece Miguel Ángel Sánchez, ex asesor con Ciudadanos en el anterior mandato, y que ahora ha renunciado al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.