La Generalitat Valenciana ha elevado el tono frente a la oposición de izquierdas por el escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) en la zona de la Condomina de Alicante y acusa a PSOE y Compromís de construir un relato “manipulado” para desgastar al Consell y al alcalde Luis Barcala.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, sostiene que la polémica responde a “un hecho concreto manipulado, cargado de bulos y de mala intención por parte de la izquierda” y advierte de que no permitirá que este caso “castigue” la política de vivienda del actual gobierno valenciano.​

Camarero enmarca la ofensiva de la oposición en la batalla política por el ‘plan Vive’ y por el proyecto de 6.000 viviendas en Alicante, y defiende que el Consell ha actuado “de forma inmediata” en cuanto tuvo conocimiento de las posibles irregularidades en la adjudicación de las VPP.

“La vivienda es la política prioritaria para este Consell y, por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que un hecho concreto manipulado, cargado de bulos y de mala intención por parte de la izquierda castigue nuestra política de vivienda”, ha recalcado la consellera.

Como ha informado este diario, la cooperativa de Les Naus se creó en 2018, en plena etapa de Ximo Puig, para concurrir a la enajenación de la parcela municipal de la Condomina, y que fue entonces cuando se comenzaron a apuntar los primeros socios para optar a las futuras viviendas protegidas.

También ha detallado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avaló en 2021 la venta del suelo, que la cooperativa reactivó la promoción a finales de ese año y que, ya en 2022, se formalizó la compra del terreno y se solicitó la calificación provisional de las VPP bajo el marco normativo del Botánic.

Durante el segundo mandato de Puig, un nuevo decreto amplió el límite de ingresos para acceder a una VPP hasta 6,5 veces el IPREM, y que el sistema de registro de demandantes tenía carácter fundamentalmente declarativo, con los datos aportados por los solicitantes sin comprobaciones previas exhaustivas por parte de la administración.

Según el análisis publicado, el decreto aprobado posteriormente por el PP en 2024 habría endurecido los controles al trasladar la comprobación efectiva de requisitos al momento del visado de las viviendas, frente a las lagunas detectadas en la etapa anterior.

Bulos de la izquierda

Sobre esta cronología, Camarero insiste en que toda la génesis de la promoción de Les Naus corresponde a los ejecutivos del Botánico. “Hablamos de una promoción que nace en tiempos del Botànic, que se desarrolla en tiempos del Botànic y que se adjudica con las reglas del juego del Botànic”, subraya, enlazando directamente su argumentario con las fechas que sitúan el inicio de la cooperativa en 2018 y los principales hitos entre 2021 y 2022, tal y como también ha recogido la información de EL ESPAÑOL de Alicante.

La vicepresidenta sale al paso de las acusaciones de que el PP habría cambiado la normativa para favorecer a su entorno. “Yo quiero recordar que los adjudicatarios de estas viviendas, porque he tenido que oír a la izquierda en los últimos tiempos decir que habíamos cambiado las normas del juego y las normas de VPP para facilitar que tramposos, si es que los ha habido en estas viviendas, se adjudicaran las mismas…”, ha señalado, antes de replicar que los compradores se apuntaron a la cooperativa en 2018 “un bloque” y en 2021 “otro”, bajo la regulación anterior.

“La calificación se pidió en tiempo del Botánico y se concedió con el decreto del Botánico. Por lo tanto, las reglas del juego eran del Botánico. Si algo ha fallado, fueron los controles del Botánico y no tiene nada que ver con la nueva normativa”, ha recalcado la consellera.

Camarero ha reivindicado que el Consell actual solo interviene en la fase de visado y que ahí es donde se han detectado las irregularidades. “Lo único en lo que nosotros hemos participado es en ese visado de los adjudicatarios, un visado que sabemos que tiene algunas personas que no tendrían que haber sido beneficiarios de las viviendas y por eso hemos apartado, hemos suspendido al funcionario y lo hemos llevado a Fiscalía”, indica, en referencia al técnico investigado por presuntamente favorecer a su entorno.

Investigación abierta

Además, ha asegurado que la investigación continúa abierta y que el objetivo es “llegar hasta el final, caiga quien caiga”, reforzando los mecanismos de control para que no se repitan situaciones similares.

La vicepresidenta enmarca la ofensiva de la izquierda, incluida la petición de dimisión de Barcala por parte de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, en un intento de “manchar” el plan de vivienda del Consell.

“No vamos a permitir que la izquierda intente, una izquierda que no ha sido capaz de hacer política de vivienda, que ha hecho cero políticas sociales y que no ha hecho política de vivienda, no vamos a permitir que nos manche el Plan Vive, que es lo que pretenden”, ha afirmado.

Y, en un mensaje muy político, ha concluido: “Al final esta izquierda, esta oposición en la Comunitat Valenciana son como el perro del hortelano, que ni hacen vivienda ni dejan que los demás construyamos vivienda”.

Notificaciones al Ayuntamiento y refuerzo del control

En el terreno administrativo, Camarero ha detallado una batería de actuaciones dirigidas tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la cooperativa promotora y a los propios adjudicatarios de las VPP de Les Naus. “Seguimos en la investigación. El viernes pasado mandamos una notificación al Ayuntamiento para, uno, que nos dijera y que nos trasladase quiénes son las personas empadronadas en esas viviendas”, explica. Añade que, “en el caso de las tres viviendas que se ha pedido excepcionalidad para vivir, las personas beneficiarias de la VPP tienen que residir en sus domicilios”, por lo que se ha pedido que la Policía Local compruebe si efectivamente viven allí o si hay terceros ocupando esos inmuebles.

La Generalitat ha requerido además a la cooperativa y al resto de adjudicatarios documentación complementaria para despejar dudas sobre el cumplimiento de los requisitos económicos y de uso exigidos por la normativa.

“Este viernes termina el plazo que le dimos a la promotora, a la cooperativa, para que nos diese la información que tenía, y el lunes próximo al resto de adjudicatarios para que nos den la información complementaria”, ha puntualizado, avanzando que hasta que no se reciba todo el material no se podrán cerrar las conclusiones.

“Había algunas personas que no habían aportado todos los datos necesarios y, a partir de tener el conjunto de los datos, estamos examinando si son correctos o no y toda la conclusión de esa investigación se llevará a Fiscalía”, ha añadido.

Paralelamente, la Conselleria está cruzando datos con el registro de la propiedad para comprobar si quienes figuran como beneficiarios visados coinciden con los titulares finales de las viviendas y con quienes realmente residen en ellas.