La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido la última socialista que ha entrado en la polémica del escándalo de la adjudicación de las viviendas VPP de Les Naus, en la Condomina de Alicante, tratando de hacer campaña contra el gobierno municipal y autonómico del PP en una visita, ayer a Alicante. Su mensaje principal fue que "nada es casualidad", sumándose a la petición de dimisión del alcalde a Compromís y EU.

Morant acusó a los populares de beneficiar a su entorno tras un cambio legislativo en las Cortes Valencianas que relajó los requisitos para hacerse con una VPP "convirtiendo en legal lo que a todas luces es una ilegalidad" para que se beneficiase la "gente que al mes gana 3.000 euros y que para el PP es la clase trabajadora y media".

¿Hasta qué punto son ciertas estas acusaciones? Un simple análisis comparativo de los decretos del Botánico de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) y del decreto aprobado por el PP de Carlos Mazón en 2024 desmonta estas acusaciones de la ministra y líder del socialismo valenciano. De hecho, el decreto del PP es mucho más estricto y vigilante con las ilegalidades que los que aprobaron los Gobiernos de Puig, con su mismo color político que Morant.

Lo primero que hay que recordar es que la cooperativa de Les Naus que ha terminado adjudicando las viviendas se creó en 2018, en época de Ximo Puig, para presentarse al proceso de enajenación pública de una parcela por parte del Ayuntamiento de Alicante. Por eso el grueso de los demandantes se apuntó como socios a la cooperativa a partir de esa fecha para optar a las futuras viviendas.

En julio de 2021, en el segundo mandato de Ximo Puig, el TSJ avaló mediante sentencia la enajenación de la parcela municipal para construir viviendas. Y a finales de ese año la cooperativa reanudó la promoción, actualizó el proyecto y contactó con los inscritos inicialmente.

Al año siguiente se formalizó la adquisición del terreno y la cooperativa solicitó la calificación provisional. Ese mismo año entró en vigor el segundo decreto impulsado por el PSOE que obligaba a estar inscrito en el registro de demandantes, pero que también incrementó el límite de ingresos de la unidad de convivencia para acceder a una VPP, de 4,5 veces IPREM a 6,5 veces IPREM en 12 pagas. En el mes de julio tomó posesión el Gobierno autonómico de Carlos Mazón (PP-Vox). Y dos meses después, sin apenas haber tenido tiempo para iniciar su mandato, en septiembre de 2023 se le concedió la calificación provisional.

Los controles

Con el cambio normativo que se aprobó con el PP en el Gobierno autonómico, se redujeron los plazos de solicitud de visado de seis meses a 10 días. Esto supone en sí un incremento del control de las solicitudes, ya que es más difícil en poco tiempo que el demandante pueda cambiar su situación económica para mejorar su puntuación en la demanda de vivienda.

No es la única medida de control reforzada. Con los decretos de 2021 y 2023 se podía presentar la solicitud de forma presencial o telemática. Con el decreto de 2024 solo puede hacerse de forma telemática, lo que permite conexiones con otras administraciones para comprobaciones automáticas y verificadas, en colaboración con Hacienda, el catastro y registro para comprobar ingresos y propiedades de los demandantes.

De este modo se han establecido colaboraciones con registradores y notarios para agilizar tiempos y coordinar la verificación en cada uno de los pasos del procedimiento (por ejemplo, con la necesidad de contar con visado a la hora de firmar escritura).

En concreto, y además de la obligatoriedad de obtener el visado para elevar un contrato a escritura pública, con el nuevo decreto se ha establecido la obligación de comprobación a notarios y registradores.

A este respecto hay que recordar que con los gobiernos de Ximo Puig, el demandante de una vivienda podía no autorizar o no a la Administración el acceso a sus datos, algo que era voluntario. Esta voluntariedad dejaba la comprobación a expensas de documentación del solicitante. Ahora, desde 2024 es obligatorio autorizar a la Administración acceso a comprobación de datos para solicitar visado.

Registro de demandantes

Otra de las acusaciones del PSOE a las administraciones gobernadas por el PP, municipal y autonómica, es la inexistencia de un registro de demandantes único. Con el Botánico de Ximo Puig el registro contaba con demandantes de objetivo distinto (vivienda pública o privada, compra o alquiler) y con requisitos de renta diferente. El decreto del PP excluyó la necesidad de registro para VPP privada con el objetivo de organizar las solicitudes y contar con información adecuada.

Antes era meramente declarativo. Los datos los introducía el solicitante sin aportar documentación justificativa y la administración no realizaba comprobaciones. A partir del decreto de 2024, la comprobación efectiva se realiza en el momento del visado como beneficiario de VPP. Es entonces cuando se deben cumplir los requisitos que pueden haber variado desde el momento del registro hasta el momento del visado.

Los límites de renta

Fue en el Gobierno de Puig el que realizó la mayor subida en el límite de renta para adquisición de VPP. El PSOE subió en menos de dos años el límite de renta en 2 puntos del IPREM, de 4,5 a 6,5 (14.400 euros de aumento). El decreto del PP en 2024 mantuvo el límite del IPREM en 6,5, y lo refirió a 14 pagas (en vez de 12) atendiendo una solicitud del Consell Valencià de la Joventut.

Los incrementos de renta están establecidos en todos los decretos (2021, 2023 y 2024) atienden a situaciones especiales, como tener en la unidad familiar menores a cargo, mayores que no cuenten con ingresos, mayores de 65 años en la unidad familiar o personas con 33% o más de discapacidad o dependientes.