El Consistorio de Alicante se encuentra a la espera de saber si hay nuevos implicados en el fraude de las viviendas protegidas de la Playa de San Juan tras cruzar datos con la Generalitat Valenciana. El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, ha asegurado este martes en la rueda de prensa por la Junta de Gobierno que, por el momento, "no sabemos nada".

"Hay algunos apellidos comunes, pero que podrían ser de funcionarios o de cualquiera de vuestros familiares", añadía.

En relación a este tema, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, defendía el trabajo realizado por el gobierno actual en materia de construcción de vivienda pública, culpando a la oposición de estar haciendo una labor de desprestigio. "La estrategia de la izquierda es poner bajo sospecha aquello que es su punto débil".

Según Cutanda, la oposición busca desacreditar los actuales proyectos municipales porque "fueron incapaces de hacer una sola vivienda en 8 años" y necesitan ocultar esa falta de resultados.

Respecto a la promoción específica de la calle Ceuta, Cutanda defiende que el trámite avanza con normalidad bajo la gestión del Patronato de la Vivienda, destacando la labor de sus técnicos y la "absoluta transparencia en todo el procedimiento llevado a cabo".

Aunque la concejala subraya que "no existe ningún indicio de que se hayan alterado las bases de esta promoción", anuncia medidas preventivas adicionales.

El Ayuntamiento se compromete a reforzar la fiscalización e incorporar "todos los nuevos mecanismos de control que prepara la Generalitat" tanto en el proyecto de la calle Ceuta como en cuantas iniciativas de vivienda pública desarrolle el consistorio en el futuro.

Para cerrar su intervención, Cutanda reitera la voluntad del equipo de gobierno de seguir impulsando la construcción de vivienda "a pesar de todos los palos en las ruedas" que, según afirma, intenta colocar la oposición.

La oposición responde

El PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem Unides han reclamado este martes al alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), que active de inmediato la comisión municipal de investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de promoción pública (VPP) en la Playa de San Juan.

Los tres grupos de la oposición de izquierdas han registrado un escrito en la Secretaría General del Ayuntamiento para exigir que se cumpla lo acordado por unanimidad el pasado jueves en un pleno extraordinario y monográfico, en el que se aprobó la creación de este órgano.

La oposición sostiene que el equipo de gobierno está retrasando su puesta en marcha y denuncia una falta de voluntad para dar explicaciones en un caso que, a su juicio, "salpica de lleno a cargos del PP". En este punto, aluden a la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y de una directora general municipal.

"El acuerdo para la creación de esta comisión fue adoptado por el pleno el pasado jueves y cinco días después el alcalde sigue sin dar ningún paso para su convocatoria", han advertido, al considerar que se trata de una "demora injustificada que demuestra la falta de voluntad del Partido Popular para dar explicaciones y garantizar la transparencia ante este escándalo".

Tras la junta de gobierno local, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha recordado los términos empleados por el propio Barcala al referirse a las VPP de la promoción Les Naus, cuando habló de indignación y repugnancia. A partir de ahí, Barceló ha asegurado que el PSPV-PSOE "no contempla otro escenario que no sea la dimisión" del alcalde.

Desde Compromís, Rafa Mas ha elevado el tono contra el primer edil, al que ha señalado como el "máximo responsable de la presunta corruptela". Tras lamentar que esté "escondido", le ha instado a "dimitir, ponerse a disposición judicial y a convocar la comisión de investigación".

Por su parte, Manolo Copé, de EU-Podem, ha defendido que la prioridad es que la comisión eche a andar cuanto antes para esclarecer lo ocurrido. En su opinión, hay que poner el "foco" en que la investigación municipal avance para arrojar luz en un "escándalo de trascendencia nacional".

Asuntos aprobados en Junta

Estas declaraciones han tenido lugar tras la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado iniciar la convocatoria de un procedimiento restringido para contratar la concesión del servicio especial de espacios de atención protocolaria, mercado gastronómico y ocio durante Les Fogueres de Sant Joan, el espacio conocido como el Mercadito.

Según ha explicado Cristina Cutanda, la concesión tendrá una duración de cuatro anualidades consecutivas, entre el 15 de mayo de 2026 y el 30 de junio de 2029.

El Ayuntamiento subraya que el contrato no supondrá coste para las arcas municipales, ya que la retribución del concesionario dependerá exclusivamente de la explotación de la zona de ocio mediante la aplicación de las tarifas recogidas en los pliegos.

El dispositivo mantendrá las zonas protocolaria y gastronómica en la avenida Federico Soto, como en ediciones anteriores, aunque con cambios en el espacio musical de ocio, que se traslada al aparcamiento situado entre las calles Teulada y Campo de Mirra.  

En Federico Soto, el Espacio de Atención Protocolaria se ubicará en el tramo más próximo a la plaza de los Luceros y estará operativo del 17 al 24 de junio, con horario de 10.30 a 2.30 horas y únicamente con música ambiental.

El Ayuntamiento precisa que no deberá invadir las zonas ajardinadas del paseo ni el carril-bus. Además, será en este mismo punto donde el 23 de junio, por la mañana, se entreguen los premios de la Ofrenda de Flores.

A continuación se instalará el Mercado Gastronómico, abierto también del 17 al 24 de junio. Estará compuesto únicamente por casetas, quedando excluidos los ‘foodtrucks’, y permitirá la venta de productos cocinados en el propio recinto o para llevar.

En este caso, la instalación deberá respetar las zonas ajardinadas, el carril-bici y las áreas de juegos infantiles, con el mismo horario de 10.30 a 2.30 horas y música ambiental.

Por último, el Espacio musical de Ocio funcionará del 20 al 24 de junio, con acceso libre, aunque con las limitaciones habituales para menores.

El concesionario podrá cobrar entrada en caso de organizar conciertos. La música tendrá el mismo horario que racós y barracas, entre las 22.30 y las 4.30 horas, con exención de la limitación de ruido, mientras que el recinto podrá permanecer abierto desde las 10.30 hasta las 4.30 horas.