El PSOE de la ciudad de Alicante ha registrado hoy una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas públicas en Playa de San Juan.
El escándalo ya ha dejado dos dimisiones en el seno del Ayuntamiento de Alicante: la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y a la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, por beneficiarse de la adjudicación de varios pisos.
También está involucrado el arquitecto municipal, quien habría recibido otra vivienda.
El Grupo Municipal Socialista sostiene que la polémica "salpica de lleno a la gestión de Luis Barcala (PP)".
La portavoz socialista, Ana Barceló, ha señalado que han pedido a la Fiscalía que investigue lo ocurrido porque se podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal.
"Lo que estamos viviendo es un escándalo, teniendo en cuenta que en la ciudad de Alicante existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y cuando cada vez son más las familias que se tienen que marchar de la ciudad por la imposibilidad de pagar el precio de una vivienda en alquiler o en propiedad", ha lamentado.
"Cuando hablamos de suelo público y vivienda protegida hablamos del interés general, y cuando ese derecho se puede haber visto vulnerado, acudimos a Fiscalía", ha comentado Barceló.
La portavoz socialista ha destacado lo "lamentable" de los hechos ocurridos en "una ciudad que tiene tantos problemas de acceso a la vivienda".
Por último, han exigido que el alcalde dé explicaciones públicas y que convoque un pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación.
"Barcala no actuó con la transparencia exigible, no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal. La dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general no es suficiente", ha concluido.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas ha instado al alcalde a investigar el uso de las viviendas con los medios municipales al alcance, ya sea a través de Policía Local o Aguas de Alicante, ya que la normativa indica que las viviendas de protección oficial deben ser la vivienda habitual de los adjudicatarios.
"Aunque desde Compromís apuntamos a Luis Barcala como responsable directo e indirecto. Le instamos a revisar hoy mismo piso a piso, las viviendas de VPO para comprobar si los propietarios viven allí o si se están alquilando, algo que sería ilegal", ha pedido el portavoz.
Para ello ha solicitado tanto las inspecciones de la Policía Local como el consumo de agua.