La asociación pancatalanista Acció Cultural del Pais Valencià (ACPV) ha decidido entrar en primera línea de la política municipal alicantina esta semana denunciando ante el Sindic de Greuges al gobierno popular de Luis Barcala de ir contra los derechos de los valencianoparlantes en la ciudad. La asociación que durante la etapa de Puig recibió 3,7 millones de la Generalitat Valenciana y que vio como se recortaba drásticamente en época de Carlos Mazón, ni siquiera da por comprobada su denuncia al asegurar que "el posible" cierre de la Agencia de Promoción del Valenciano y la supresión de la única plaza municipal de filología en Alicante.
Acció Cultural sostiene que la "posible" amortización de la única plaza municipal de Filología Valenciana en el Ayuntamiento de Alicante puede implicar el cierre de la AVIVA, la oficina municipal de promoción del valenciano, dejando sin garantía efectiva las tareas de traducción, corrección y atención lingüística en esta lengua. Una bandera sin demostrar que enarboló la oposición municipal en el último pleno.
Según la entidad pancatalanista, el expediente de la plantilla municipal de 2026 eliminaría esa plaza sin prever otra equivalente, lo que dejaría al consistorio sin personal propio especializado para asegurar el uso del valenciano en documentación y comunicaciones institucionales y obligaría a externalizar el servicio cuando fuera necesario. ACPV enmarca esta situación en un contexto legal en el que el valenciano es lengua propia y oficial, y advierte de que suprimir recursos humanos específicos sin una alternativa interna equivalente puede traducirse en menos presencia del valenciano en la administración local y en más obstáculos para la ciudadanía que quiera relacionarse con el Ayuntamiento en esta lengua.
Frente a este análisis, el vicealcalde Manuel Villar, ha dejado claro que la AVIVA continúa existiendo dentro de la Concejalía de Presidencia y niega que se haya eliminado la oficina, reprochando a la oposición en el último pleno que se hagan eco de noticias que hablan de "desaparición" de ésta.
Villar ha explicado que se ha amortizado una plaza, pero subraya que esto ya figuraba en el proyecto de Presupuesto Municipal y que, en paralelo, se crea una plaza de administrativo asociada a un puesto de gestor con conocimientos mínimos de C1 de valenciano, que asumirá las labores de traducción en el Ayuntamiento. A su juicio, por tanto, es falso que el servicio deje de prestarse, ya que se mantendría a través de ese nuevo puesto, con un nivel de valenciano que considera más que suficiente para las tareas previstas.
Villar ha acusado a los concejales de la oposición de “falsear” y “decir mentiras” al sostener que la oficina ha desaparecido y que el servicio no se prestará, y les reprochó no conocer ni la estructura administrativa municipal ni la ley de presupuestos.
Todo ello se produce en un contexto de una izquierda municipal a la defensiva que ha visto cómo la aprobación de los Presupuestos Municipales de Alicante para 2026 ha contado con el apoyo de Vox, y ahora quieren denunciar cualquier acuerdo "ideológico" entre los dos partidos de derechas en la ciudad. Aunque no estén contrastados con la realidad.
También ha defendido que el gobierno municipal del PP apuesta por la “libertad” lingüística y critica lo que describe como “imposición” del valenciano cuando gobernaron sus adversarios, asegurando que esa forma de actuar ha perjudicado más a la lengua que cualquier otra política. En este marco, sostiene que la queja al Síndic se basa en un diagnóstico erróneo sobre la supuesta eliminación de la oficina y que el defensor acabaría remitiendo a la normativa presupuestaria y a la organización interna del Ayuntamiento para desmontar esas afirmaciones.