Del 16 al 21 de enero, el Real Club de Regatas de Alicante abre el plazo para registrar candidaturas a la presidencia de la entidad, de cara a las elecciones del próximo 6 de febrero, en un proceso marcado por la incertidumbre financiera y la falta de información económica detallada a los socios ya que no se aprobaron las cue ntas del año pasado. Cada lista deberá reunir en torno a 210 avales, el 10% aproximado de una masa social cifrada en unos 2.100 socios, lo que convierte el filtro de apoyos en una primera prueba de fuerza interna antes de las urnas.
La asamblea general extraordinaria celebrada a finales de diciembre aprobó el calendario electoral con una participación llamativamente baja, inferior al centenar de asistentes, pese a que está en juego la dirección del club para los próximos cuatro años. Se trata de unas elecciones con un clima interno enrarecido por las dudas sobre la situación económica real del club y por un enfrentamiento soterrado entre sensibilidades deportivas, armadores y socios críticos con la actual gestión. Así las cosas, en el trasfondo lo que se pone en votación es el modelo de gobierno y de transparencia, más que una mera elección de relevo orgánico del actual presidente Miguel López.
El último en perfilar su candidatura ha sido el socio Juan José Albert. Se presume, y así lo ha publicado prensa especializada, que está conformando una candidatura de consenso única entre los candidatos preexistentes para afrontar los retos inmediatos de la entidad. Concretamente entre Javier López y Javier Romero. Ambos son representantes de distintas sensibilidades (remeros y armadores, respectivamente). De este modo el proyecto de Albert se perfila ahora como una opción alternativa frente a los bloques tradicionales buscando la unión e integración para superar todos los problemas a los que se enfrenta la entidad.
El telón de fondo de la cita con las urnas es una creciente contestación interna a la política económica y a la información facilitada a los socios en los últimos ejercicios. Un grupo numeroso de asociadosdenunció, mediante requerimientos formales, la pérdida de legitimidad, extralimitación de competencias y negligencia en la gestión económica de la junta en funciones, señalando la falta de documentación esencial en asambleas previas y la ausencia de claridad sobre cuentas y contratos clave.
La situación se ha tensado aún más tras la última asamblea general ordinaria, celebrada el 30 de junio (la anterior a la que ha convocado el proceso electoral), en la que se rechazaron las cuentas del ejercicio 2024 y el presupuesto de 2025, lo que ha dejado al club operando con una prórroga presupuestaria de facto. A ello se suma la advertencia de los socios críticos de que una junta “en funciones” solo debería acometer actos de gestión ordinaria, calificando de potencialmente nulos cualquier nuevo contrato, compromisos de gasto relevantes o decisiones patrimoniales sin refrendo asambleario.
Desde la actual dirección del club que dirige Miguel López matizan: "Las cuentas, presupuesto y auditoría de todos los años están publicadas en la web" de la institución a la que piueden acceder los socios. "En concreto, las cuentas de los ejercicios 2024 y 2025 están informadas, están auditadas, y sometidas a asamblea de socios", aunque admiten que "se sometieron a la Asamblea General de Socios, no siendo aprobadas por estos, por lo que prorrogaron las de 2024". Además recuerdan que "la Junta Directiva que preside Miguel López es la primera de la institución que ha auditado las cuentas de todos los ejercicios".
Pantalanes e contratos
Además, la reparación de los pantalanes se ha convertido en el principal símbolo del choque de modelos y, al mismo tiempo, en el mayor interrogante financiero para la próxima directiva. La junta saliente ha llegado a situar el coste de las obras en torno a los 5 millones de euros, mientras que desde los entornos de las candidaturas se manejan estimaciones sensiblemente inferiores, en el entorno de los 2 millones, con propuestas alternativas de financiación y alcance de los trabajos.
Real Club de Regatas de Alicante.
Más allá de la cifra, el debate se centra en quién debe asumir realmente la factura -el club, la Autoridad Portuaria o un reparto pactado- y en qué condiciones contractuales se articularía cualquier inversión de esa magnitud. La eventual caducidad de contratos de atraque y los compromisos firmados al inicio de la concesión añaden complejidad jurídica y económica, y alimentan la exigencia de auditorías independientes y de publicación detallada de los acuerdos vigentes.
Ante este escenario, las tres candidaturas coinciden, con matices, en la necesidad de reforzar la transparencia, ya sea mediante reformas estatutarias, reglamentos internos o la obligación de remitir a los socios información financiera periódica y accesible. Entre las medidas que se discuten figuran la revisión de los contratos considerados lesivos para los intereses del club, la limitación explícita de las competencias de una junta en funciones y la regulación más estricta de la rendición de cuentas ante la asamblea.