Alicante cierra 2025 con un giro decisivo en la gestión de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad. Tras el anuncio del vicealcalde, Manuel Villar (PP), de que la ciudad asumirá las competencias sancionadoras a principios de 2026, se marca la hoja de ruta futura después de casi un año de bloqueo político y técnico a estas inspecciones municipales.
En el pleno del pasado 18 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento aprobó inicialmente la Modificación Puntual n.º 52 del PGOU, que fija una nueva regulación de los alojamientos turísticos y mantiene la moratoria de licencias durante un segundo año. Fue entonces cuando Manuel Villar anunció que a principios de 2026 se sellará con la Generalitat el acuerdo para que Alicante pueda incoar, instruir y resolver sanciones por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico, apoyado en la nueva jefatura de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles.
Ya en mayo de 2025, EL ESPAÑOL De Alicante desveló que la ciudad no pediría “por el momento” la delegación de competencias para inspeccionar y sancionar pisos turísticos, pese a haber firmado en enero el convenio marco de la Generalitat y la FVMP. Solo Valencia y Benidorm habían ejercido esa potestad tras el convenio marco firmado de los grandes municipios de la Comunitat Valenciana con la Generalitat. No en vano, la administración autonómica se mostraba ineficaz en la inspección y sanción por falta de personal.
Ese mismo motivo adujo oficialmente el Ayuntamiento, la falta de personal en Urbanismo para asumir una tarea que en otros municipios recae en la Policía Local: harían falta inspectores y funcionarios extra para tramitar y ejecutar sanciones de hasta 600.000 euros por vivienda irregular.
En paralelo a esa renuncia temporal a sancionar y quedarse con la recaudación de las multas, el Ayuntamiento de Alicante activó a inicios de 2025 una moratoria que suspendía durante un máximo de dos años la tramitación y otorgamiento de licencias, declaraciones responsables y cualquier título habilitante para nuevas VUT o cambios de uso en todo el término municipal.
Más controvertida resultó la medida adoptada en el pleno extraordinario de julio, que ampliaba la moratoria a bloques completos de apartamentos, pensiones y albergues turísticos, tras constatar un incremento “exponencial” de edificios enteros destinados a uso turístico. Además se fijaba esa suspensión máxima de dos años contados desde el 13 de enero de 2025.
La propia información municipal y autonómica refleja que, solo entre 2023 y junio de 2025, se han inscrito 53 bloques de pisos turísticos en Alicante, lo que refuerza la percepción de presión sobre determinados barrios y acelera la decisión de congelar nuevas licencias. El borrador técnico de la Modificación Puntual del PGOU sitúa el parque de viviendas de uso turístico registradas en la ciudad en torno a 4.108 unidades, según el registro de la Generalitat Valenciana, con un crecimiento superior al 20% respecto al año anterior.
No obstante, el estudio técnico municipal sobre alojamientos turísticos presentado en abril indica que estas viviendas representan alrededor del 2,31% del parque residencial de Alicante, lo que apunta a un impacto desigual pero relevante en determinadas zonas.
La documentación urbanística y la nueva regulación no ofrece un listado numérico barrio a barrio para 2025, pero sí identifica como “zonas saturadas” ámbitos como Centro Tradicional, Casco Antiguo-Santa Cruz, entorno Mercado Central, partes de San Blas, Benalúa, Carolinas Altas y Bajas, Campoamor, Pla del Bon Repós y áreas de Playa de San Juan, Albufereta y Cabo de las Huertas
Por esta razón, la concejalía de Urbanismo presentó la moratoria como un “mecanismo” para ganar tiempo, estudiar barrio a barrio el impacto de los alojamientos turísticos, revisar la regulación municipal y definir límites para frenar la saturación y proteger el acceso a la vivienda y al comercio de proximidad.
2026: del control urbanístico a las multas
La nueva regulación aprobada inicialmente fija un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante, veta nuevas plazas en secciones censales saturadas y prohíbe usos turísticos en bajas de los principales ejes comerciales, exigiendo accesos independientes en edificios residenciales.
Sobre ese armazón urbanístico, la asunción de competencias sancionadoras anunciada por Villar supone pasar de una política de contención basada casi solo en moratorias y regulación del suelo a un modelo en el que el Ayuntamiento podrá inspeccionar, detectar irregularidades y aplicar multas directamente, cerrando así el círculo de control sobre el sector.