"La elección de medidas y su concepción [sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)] es prerrogativa de los Estados miembros". Así de tajante fue la respuesta de Wopke Hoekstra, comisario de Acción por el Clima de la Comisión Europea, a la pregunta planteada por el eurodiputado del PSOE, Domènec Ruiz Devesa, sobre la aplicación de esta zona sin sanciones ni restricciones.
La pregunta del PSOE a la Comisión se realizó el 5 de febrero de 2024 y fue anunciada a bombo y platillo por los grupos municipales de la oposición. La respuesta de la Comisión Europea fue publicada menos de dos meses después, el 3 de abril de 2024. Sin embargo, no se dio a conocer.
En su respuesta, el comisario europeo también informó al eurodiputado socialista de que "No existe ninguna disposición en la Ley Europea del Clima en virtud de la cual los estados miembros deban establecer zonas de bajas emisiones". Además, incidió en que "tampoco existe disposición alguna en el Reglamento sobre la gobernanza por la que los estados miembros deban establecer zonas de bajas emisiones".
Lo que sí establece la respuesta de la Comisión es que "la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente obliga a los estados miembros a asegurarse de que las concentraciones de contaminantes atmosféricos no superen los valores límite". Algo que no sucede en Alicante.
También, que "uno de los objetivos principales de la estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones es acelerar la transición hacia vehículos de emisiones bajas y nulas, lo que conllevará una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el transporte en zonas urbanas. Las normas de acceso de los vehículos a las zonas urbanas, incluidas las zonas de bajas emisiones, también van dirigidas a reducir la contaminación atmosférica en entornos urbanos y han demostrado ser eficaces en ese sentido".
Ante esta literalidad el equipo de Gobierno de Luis Barcala (PP) en el Ayuntamiento de Alicante pactó con Vox establecer una ZBE pero no aplicar restricciones ni sanciones, ya que la posible contaminación en la ciudad se disipa rápidamente por su cercanía al mar.
Respuesta contundente
Fue entonces cuando los partidos de izquierdas en la oposición, PSOE, Compromís y EU-Podemos se quejaron ante la UE. Y de ahí esta respuesta de la Comisión que no se ha hecho pública hasta ahora. No se quedaron solo ahí. Amenazaron al equipo de Gobierno de Barcala de que la ciudad podría perder las subvenciones europeas en esta materia.
El Ayuntamiento de Alicante ha recibido financiación europea para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), incluyendo más de 16,6 millones de euros en fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para proyectos específicos.
El propio ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), ese mismo mes de abril, en unos desayunos informativos de la agencia Europa Press, señaló que el Gobierno no tiene potestad para imponer sanciones a los ayuntamientos pero deslizó que podría dejar de apoyar a quienes no impusiesen un régimen sancionador. Aunque posteriormente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que estaba revisando las ayudas concedidas para la implantación de la ZBE, con la posibilidad de revocarlas si se confirma un incumplimiento manifiesto de la Ley del Cambio Climático y del Real Decreto sobre zonas de bajas emisiones.
Tan solo "recomendaciones"
El Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones establece en su artículo 15 el "régimen sancionador", pero se remite a un Real Decreto Legislativo de 2015, cuando las ZBE ni siquiera se contemplaban.
En cualquier caso, la respuesta de la Comisión Europea es clara al respecto y solo habla de "recomendaciones": "En 2023, la Comisión hizo una evaluación de los avances hacia los objetivos de la Ley cuyos resultados publicó como parte del informe de situación de la Acción por el Clima de la UE de 2023 y en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión y, en diciembre de ese año, formuló recomendaciones a los estados miembros".
Sea como fuere, la organización Colla Ecologista d’Alacant-Ecologistes en Acció denunció ante el Ministerio de Transportes en enero de 2025 por incumplir las normativas que regulan las ZBE en España. Y tanto el proyecto de implantación como la Ordenanza reguladora de la ZBE, aprobados por el Ayuntamiento en diciembre de 2024, también fueron impugnados judicialmente por esta organización; el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) admitió el recurso en febrero de 2025 y el procedimiento sigue en curso.