La Guardia Civil investiga a 64 personas en una gran operación contra la parcelación de terrenos y construcciones ilegales en zonas de rambla en las partidas alicantinas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent.
Los sospechosos, 39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años, tres de los cuales habrían actuado como intermediarios, están siendo investigados por presuntos delitos de ordenación del territorio y el urbanismo, y, en algunos casos, también por falsedad documental y delitos por intentar engañar a la Hacienda Pública.
La operación comenzó hace un año, tras diversas denuncias presentadas por asociaciones vecinales y particulares, así como por irregularidades detectadas de oficio por la propia Guardia Civil.
El operativo ha realizado 70 inspecciones en las que se descubrió que los terrenos afectados eran parcelas rústicas no urbanizables y protegidas, muchas de ellas ubicadas en zonas de rambla, donde la normativa vigente prohíbe expresamente la división del terreno y cualquier tipo de construcción o edificación.
Los responsables se enfrentan ahora, además de sanciones económicas, a la demolición de las edificaciones y el cese de los suministros de agua, energía eléctrica, gas y telefonía, entre otras medidas.
Así, la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de Alicante halló que los intermediarios actuaban entre los propietarios de terrenos sin uso.
Y en algunos casos, adquirían los terrenos para su posterior reventa, o bien mediaban en las operaciones para convencer a los compradores.
"Posteriormente, dividían las fincas en pequeñas parcelas, tanto de forma documental como física, con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico", señalan desde el cuerpo en un comunicado.
De este modo, los compradores firmaban contratos privados de compraventa, mediante los cuales adquirían un porcentaje del terreno original, sin una ubicación concreta dentro de la parcela matriz, asumiendo así las responsabilidades legales y urbanísticas derivadas de la totalidad de la propiedad original.
La Guardia Civil recuerda "el grave riesgo de tener en propiedad estas construcciones ilegales, como la posibilidad de tener que demolerlas —con la consiguiente pérdida total del valor invertido—, sufrir daños materiales importantes (por ejemplo, a causa de inundaciones), enfrentarse a sanciones urbanísticas, padecer inseguridad jurídica o dificultades para acceder a agua o electricidad, entre otras consecuencias".
De todas las investigaciones se ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante. Asimismo, las posibles infracciones urbanísticas han sido puestas en conocimiento de los organismos competentes.