Un acuerdo "de mandato". Esa es la única posibilidad que contempla el equipo de Gobierno de la ciudad liderado por el popular Luis Barcala para sacar adelante el plan de ajuste. De no lograrlo, las inversiones iniciadas para la modernización de la ciudad pueden pararse por un legalismo del que saquen tajada los grupos de la oposición.

A finales de mayo, un informe del interventor municipal de Alicante alertaba de que la ciudad había incumplido la regla de gasto que impuso el Gobierno central a las administraciones locales después de la crisis económica de 2008 en 27 millones.

El propio alcalde criticó esa imposición en un acto público en el parque de La Marjal al señalar que la ciudad, más allá de los presupuestos municipales (347.291.019 euros), cuenta con un ahorro en remanentes de tesorería de alrededor de 150 millones de euros. Sin embargo, al haber gastado más del 2% de lo que se gestó en 2024, sus cuentas deben pasar por el Ministerio mediante un plan financiero para su ajuste.

Desde entonces la oposición está intentando asfixiar al equipo de Gobierno de Barcala que solo cuenta con 14 concejales (minoría) frente a los 8 del PSOE, los 4 de Vox, los 2 de Compromís y 1 de EU. No en vano, Barcala debe aprobar el plan financiero en el pleno municipal antes de remitirlo al Ministerio.

Vox, que apoyó la investidura de Barcala y le ha aprobado sus últimos presupuestos, quiere a cambio de apoyar el plan de ajuste cuestiones tan lejanas a las cuentas municipales como el cierre de los centros de menores no acompañados; eliminar el apoyo a los actos del movimiento LGTBI y del Día de la Mujer o de la violencia de género.

Frente a estas exigencias, el PSOE de Ana Barceló ofrece una "abstención a cambio de que no ceda ante el chantaje de la ultraderecha y no claudique ante ninguna de las medidas racistas, misóginas y homófobas planteadas por Vox".

Califica de "una declaración de guerra contra la ciudad de Alicante" los 23 puntos expuestos por Vox para el apoyo del plan de ajuste, "un chantaje que afecta a la infancia, a la inmigración, a las mujeres, a los jóvenes y al colectivo LGTBI. En definitiva, un ataque contra los derechos humanos que es intolerable".

Desde el PP oficialmente han asegurado que "negociarán" con los grupos de la oposición. Extraoficialmente, no obstante, no se fían de las intenciones de los socialistas ya que la propuesta de la "abstención" es "una trampa". Al menos Vox ha mostrado claramente sus prioridades y no se anda con juegos.

A dos años de las próximas elecciones, consideran, ¿para qué vale una abstención en el plan de ajuste si luego los socialistas votarán en contra de las medidas concretas y las inversiones recogidas en los presupuestos de Alicante? ¿Puede el PP comprometer el resto del mandato con un paso en falso en esta negociación?

Los populares creen que la ciudad necesita un "compromiso serio" para dar “estabilidad y seguridad” a las cuentas municipales y que no se comprometa la ejecución de ninguna de las actuaciones y proyectos actualmente en curso para la mejora de la ciudad.