Un total de 40.280,90 euros. Esa es la cifra que ha pagado el Ayuntamiento de Alicante al abogado externo a los servicios jurídicos municipales para representarle como parte perjudicada en la causa del caso Brugal. El tripartito del gobierno municipal anterior encargó a un profesionales para que lo representara como acusación particular sobre las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Un caso que se cerró el pasado julio y donde fue absuelta la exalcaldesa del PP Sonia Castedo.
En ese juicio, la Audiencia Provincial de Alicante condenó a multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, al exalcalde Luis Díaz Alperi (PP) y al empresario Enrique Ortiz por los delitos de cohecho. Y en esa sentencia se absolvió a Sonia Castedo y a los seis acusados restantes, entre ellos un hermano de la exalcaldesa.
Las razones para ello fueron la falta de pruebas o prescripción de los delitos. Y la lista de estos incluía desde corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos hasta aprovechamiento de información privilegiada.
El gasto de más de 40.000 euros figura en el expediente municipal al que ha tenido acceso Efe referido a la elección en 2016 del abogado externo José María López Coig. Esa fue una decisión que tomó el entonces equipo de gobierno del PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar (EU, Podemos e independiente). Este tripartito lo encabezaba el alcalde socialista Gabriel Echávarri.
Los pagos al abogado
A raíz de la contratación, López Coig quedó facultado para representar al Ayuntamiento como acusación particular en la fase de instrucción del caso y también durante la vista oral. La primera se llevó a cabo en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante mientras que la segunda se celebró en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
El pago al letrado López Coig se realizó mediante tres pagos, según aparece en el mencionado expediente municipal. En estos aparecen los cargos en concepto de "minuta de honorarios" a favor de este y por un total de 40.280,90 euros (IVA incluido).
El primero de ellos se eleva a 15.004 euros y fue abonado por el Ayuntamiento en marzo de 2016, el segundo es de 15.246 y corresponde a abril de 2018. Mientras que el tercero y último, ya en esta legislatura, asciende a 10.030,90 euros.
En este último pago se incluyen varios conceptos, entre ellos las 29 sesiones del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante a razón de 200 euros por jornada, y ha sido abonado en julio de 2021.
El aval del informe
La contratación de forma directa de López Coig aparece avalada por un informe que se incluye en este expediente. En este, el letrado-jefe del consistorio, Manuel Cordón, justifica esta externalización para representar al Ayuntamiento a partir de las diligencias previas ante el juzgado de Instrucción número 5.
Cordón señala en su escrito que así lo recoge la Directiva Comunitaria 2014/24/UE, de 26 de febrero, en relación a los contratos públicos de servicios jurídicos ante los órganos jurisdiccionales.
El pasado julio, Sonia Castedo, que está representada por el abogado Ignacio Gally, solicitó por registro al Ayuntamiento una copia íntegra del expediente de contratación de estos servicios jurídicos prestados por López Coig y por la procuradora Rosario Marcos Feliu en la acusación particular ejercida por el ayuntamiento contra su persona, entre el resto de las personas que fueron acusadas en la causa del PGOU.
La exalcaldesa argumentó, entonces, que su propósito era comprobar el cumplimiento de la Ley de Contratos del sector público en la decisión de elegir un letrado externo.