Alicante llega a las elecciones del 29-N con reclamaciones que van más allá de las últimas legislaturas pero que ya no pueden esperar. Algo que trasciende el reparto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que llevan 4 años sin aprobarse y cuyos últimos aprobados dejaron a la provincia en el puesto 52 de 52 en inversión per cápita. Alicante necesita que el próximo Gobierno central deje de tratar a la provincia como un territorio residual porque aporta el 3% del PIB nacional y el 4% de la población. Algo de lo que ya están tomando nota el PP y Vox en sus próximos programas electorales.
Según los datos de SEOPAN recogidos por EL ESPAÑOL, el Estado invirtió 724 millones de euros en Alicante entre 2018 y 2024, apenas el 1,55% del total nacional, lo que supone un déficit inversor de 650 millones respecto a su peso económico y de 1.139 millones si se atiende a su población.
Ese agravio estructural explica que la agenda que PP y Vox deberán responder si alcanzan el Gobierno no se limite a una partida presupuestaria. Alicante ha acumulado una lista de demandas que combinan infraestructuras, agua, vivienda, turismo, seguridad y territorio. Son diez frentes que permiten medir si un eventual cambio de Gobierno se traduce en obras, calendarios y recursos, o si se queda en la retórica habitual de los anuncios.
El primero es el agua. La paralización del trasvase Tajo-Segura por las fisuras detectadas en el acueducto, en los tramos de Riansares y del Talave, ha convertido una reivindicación histórica en una urgencia inmediata. La Generalitat y los regantes exigen acelerar unas reparaciones cuyo plazo inicial se estima en entre cuatro y cinco meses y un coste de 1,2 millones de euros, lo que dejaría la infraestructura parada hasta 2027.
Pero para el campo alicantino, la cuestión no es solo técnica. Las últimas decisiones judiciales sobre los caudales ecológicos del Tajo, sostenidas por el Supremo, y todas las decisiones discrecionales que se han ido tomando desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa han ido encaminadas a reducir de facto las aportaciones de caudales. Un nuevo Gobierno debería comprometerse a garantizar no solo la conservación física del trasvase y acortar los plazos de obra, sino también a blindar jurídicamente los volúmenes asignados.
El segundo frente es el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. La segunda pista sigue siendo la gran asignatura pendiente pese a que la instalación ha batido récords de pasajeros. El Gobierno de Sánchez, en boca de su ministros Óscar Puente, sostiene que no es necesaria porque la pista actual tiene capacidad suficiente y que las actuaciones previstas se centran en la ampliación de la terminal y del área de movimiento, con una licitación de asistencia técnica de 19,875 millones de euros.
El empresariado alicantino habla ya de futuro colapso por crecimiento y advierte de que la falta de capacidad puede poner en riesgo un PIB provincial vinculado al turismo estimado en 800 millones de euros anuales. La reivindicación no es solo construir una pista: es fijar un calendario vinculante dentro del Plan Director y evitar que la infraestructura quede condenada a sucesivas ampliaciones parciales.
El tercero es el ferrocarril. Alicante necesita que el Corredor Mediterráneo deje de ser una promesa y se convierta en una red operativa. El ministro Óscar Puente reconoció que no puede dar fecha para la finalización completa del corredor, aunque aseguró que en 2027 habrá conexión ferroviaria entre Almería y la frontera francesa sin pasar por Madrid.
Para la provincia, la exigencia se concreta en tres objetivos: completar el corredor de mercancías y viajeros, mejorar las conexiones rápidas entre Alicante y Valencia y garantizar el enlace ferroviario entre Alicante, Elche y el aeropuerto. La ausencia de plazos firmes revela que el problema no es la falta de estudios, sino la lentitud en la ejecución.
El cuarto compromiso es la reforma integral de la A-31. La autovía que une Alicante con Madrid es la más antigua de España y presenta tramos obsoletos, con deficientes accesos, estructuras envejecidas y una capacidad insuficiente para el tráfico actual. Especialmente entre Villena, Elda-Petrer, Novelda y Monforte del Cid está obsoleto y saturado a diario.
Su modernización no es un capricho, es una condición para la seguridad vial, la logística del interior de la provincia y la conexión con el corredor mediterráneo. Un Gobierno que quiera corregir el desequilibrio inversor debería incluir en los Presupuestos un proyecto constructivo con financiación plurianual, no un nuevo estudio informativo.
El quinto es la Ley de Costas. La Generalitat ha exigido al Gobierno que reforme la Ley de 1988 antes de aprobar un nuevo reglamento, al considerar que este invade competencias autonómicas, endurece el régimen de concesiones y amplía la discrecionalidad administrativa en los deslindes. La exigencia incluso ha llegado desde el Senado y la Mesa de Medio Ambiente del Congreso la tiene paralizada desde hace dos años.
El conflicto afecta directamente a municipios como Dénia y Guardamar, donde los núcleos tradicionales y las viviendas históricas conviven con una presión creciente del dominio público marítimo-terrestre. La Comunitat ha impulsado una ley propia y ha coordinado un frente con otras autonomías costeras para exigir una reforma integral, más competencias reales y seguridad jurídica para vecinos y actividades económicas. La protección ambiental y la supervivencia de los núcleos etnológicos y cascos tradicionales no tienen por qué ser objetivos contrapuestos, pero exigen una norma que reconozca la realidad territorial del litoral.
El sexto es la financiación turística. Benidorm encarna la mayor paradoja. Sostiene una población flotante que puede multiplicar varias veces su censo en temporada alta, pero sus servicios se financian sobre la población de derecho. El municipio reclama una reforma de la financiación local que permita retornar una parte del IVA generado por la actividad turística, o un mecanismo equivalente, además de un IVA reducido vinculado a esa devolución.
La ciudad ( y otras como Torrevieja o incluso más pequeñas pero muy grandes cualitativamente en el sector turístico) genera un gasto turístico extranjero de miles de millones de euros, mientras el Estado le retorna una fracción mínima de esa recaudación. Reconocer a Benidorm y a los grandes destinos turísticos como municipios con necesidades específicas sería una de las reformas más justas y visibles para la Costa Blanca.
El séptimo es la vivienda protegida. El acceso a una VPO se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de la provincia, agravado por la lentitud de la promoción pública, el encarecimiento del suelo y la presión sobre el parque disponible.
La Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante ha reclamado eliminar o reducir al mínimo el IVA de la vivienda social, crear un Código Técnico de la Edificación específico para la VPO y abaratar el suelo. Su presidente, Javier Gisbert, ha planteado una pregunta incómoda: que un piso de superlujo y una vivienda protegida tributen con el mismo IVA carece de lógica en un contexto de crisis de acceso a la vivienda. La reforma fiscal de la VPO debería acompañarse de más suelo público, tramitación ágil y una política de alquiler asequible.
El octavo es la seguridad ciudadana. Interior registró 54.372 infracciones penales en la provincia durante el primer semestre de 2026, un 2,1% más que un año antes. Los homicidios consumados se duplicaron, con once casos, mientras el tráfico de drogas creció un 25% y los robos con violencia o intimidación aumentaron un 9,4%.
La respuesta no puede ser únicamente municipal: exige más Policía Nacional y Guardia Civil, refuerzo de los dispositivos en zonas turísticas, mayor coordinación con los ayuntamientos y una política seria frente a la ocupación ilegal. El bloqueo parlamentario de iniciativas contra la okupación, con 91 prórrogas acumuladas en una proposición de ley orgánica, ha alimentado la sensación de que la propiedad y la convivencia quedan desprotegidas.
El noveno y no por ello de menos incidencia en la economía provincial es la financiación autonómica. No se trata solo de una exigencia regional. Ninguna de las reivindicaciones anteriores será sostenible si la Comunitat Valenciana no obtiene un modelo de financiación justo y si Alicante no corrige su posición sistemática en la cola de la inversión estatal.
La provincia aporta al Estado casi 5.000 millones de euros anuales en impuestos, pero ha recibido menos de la mitad de la inversión que le correspondería por su peso económico durante los gobiernos de Pedro Sánchez. El nuevo Gobierno debería comprometerse a un fondo de nivelación, a un calendario de compensación por la infra-inversión histórica y a criterios objetivos de reparto que no castiguen a los territorios productivos.
El décimo es la protección de la propiedad y la seguridad jurídica. La reforma de Costas, el deslinde del litoral, la ocupación de viviendas y la incertidumbre sobre las concesiones comparten un mismo problema: la sensación de que los derechos consolidados pueden revisarse por vía administrativa sin garantías suficientes. La suspensión cautelar de la ley valenciana de Costas por el Tribunal Constitucional y la acumulación de prórrogas en el Congreso sobre iniciativas de Costas y vivienda muestran que el conflicto no es solo competencial, sino también institucional.
Un Gobierno que quiera recuperar la confianza en Alicante deberá ofrecer reglas claras, plazos ciertos y una Administración que no convierta cada trámite en una amenaza.
Este decálogo alicantino no es una lista de peticiones sectoriales. Es el retrato de una provincia que genera riqueza, población y actividad turística, pero percibe que el Estado devuelve una parte desproporcionadamente baja de esa contribución. La provincia exige no solo promesas, sino compromisos fechados y ejecutables.